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Protección de datos de carácter personal Como en ocasiones anteriores, nos permitimos recordarles que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, L.0.15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad establecen tres obligaciones fundamentales que TODAS las Empresas (y profesionales autónomos) deben cumplir y que son las que a continuación se exponen:
Las sanciones derivadas del incumplimiento de estas obligaciones oscilan entre los 600 y 600.000 Euros, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
En lo sucesivo, el 60% de las iniciativas del Plan Nacional de Acción para el Empleo se orientarán a las mujeres, lo que supondrá 1.050.000 actuaciones en 2005. Asimismo, todos los programas públicos de fomento del empleo considerarán como objetivo prioritario a las mujeres. Los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración Pública incorporarán criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte de las empresas que concursen. El Gobierno también se compromete a favorecer el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad en la Administración del Estado hasta alcanzar la paridad. En este paquete de medidas se establece también un porcentaje de reserva de al menos un 5%, para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, medida que tras el acuerdo con los interlocutores sociales, se extenderá al sector privado.
Esta es la verdadera novedad que aporta la ley aprobada ayer por la Cámara Alta que, a su vez, deroga la prohibición anterior a las Comunidades Autónomas a "complementar las pensiones". Esta prohibición fue una decisión del Gobierno del Partido Popular en 2003 tras la larga batalla que mantuvo con algunas comunidades autónomas sobre las competencias en las pensiones de la Seguridad Social. En contra de la norma, el senador del Partido Popular, Blas Fernández, dijo que "vulnera" varios artículos de la Constitución, porque, en su opinión, las pensiones de la Seguridad Social son competencia del Gobierno central y rompe los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. En defensa de la ley, el senador de CiU, Jordi Casas, defendió la necesidad de "complementar" las pensiones en Cataluña, porque su inflación es más alta que en otras partes de España. Un juez considera accidente laboral una depresión por acoso en el trabajo
El Juzgado de lo Social número 13 de Valencia reconoce como accidente laboral la depresión profunda de una trabajadora del Ayuntamiento de Sagunto, al considerar que esta patología psiquiátrica se deriva de la situación de acoso laboral. La víctima, trabajadora de la función municipal de cultura, que entre otras cosas se encargaba de la programación del Teatro Romano, cobrará una pensión por invalidez absoluta permanente. El juez considera que "la demandante venía trabajando en la Fundación a plena satisfacción de los anteriores presidentes de la misma (...) sin haber padecido dolencias de tipo psíquico hasta el año 1999 en el que, como consecuencia de las elecciones municipales, accedió al cargo el nuevo presidente, al tiempo que otra persona de su partido se encargaba de la intermediación y asesoramiento excediéndose de las funciones que le eran propias". Y señala que ambos actuaron sobre la trabajadora, "marginándola progresivamente, limitando sus posibilidades de comunicación, limitando sus funciones, produciéndose aislamiento y fomentando rumores y críticas contra ella". El juez entiende que "las consecuencias del acoso condujeron a la demandante a la pérdida de autoestima y a una depresión profunda". Y considera que "se pone de relieve la relación causal entre el trabajo desarrollado y la enfermedad padecida, que conduce a la calificación de ésta como accidente laboral". Por ello, la trabajadora tiene derecho a percibir una pensión mensual en concepto de invalidez absoluta permanente que debe pagar la Unión de Mutuas, ya que se considera al Ayuntamiento responsable de lo ocurrido. La Justicia reconoce el «síndrome del quemado» como accidente laboral
Recurrida la decisión del Tribunal de Primera Instancia al entender, entre otros argumentos, que la dolencia no se debía a un accidente laboral porque no estaba clara la relación causal entre el trabajo y su enfermedad, el TSJC aclara que este tipo de dolencias se alejan «del concepto de accidente» habitual que ocasiona una «lesión súbita e inesperada» y que, «por el contrario, se gestan de una forma lenta y acumulativa», pero también «se relacionan directamente con el trabajo». Recuerda el TSJC que el «síndrome del quemado o de agotamiento profesional» se define como «agotamiento físico, emocional y mental motivado por un proceso en el que se acumula un estrés excesivo por una desproporción entre la responsabilidad y la capacidad de recuperación» del empleado. Para el TSJC, en este caso, el síndrome del «burn out» ha afectado «estando en el trabajo y como consecuencia del mismo» y ha ocasionado «un deterioro que no te permite la actividad laboral». La sentencia rechaza la petición de que se considerara que la patología derivaba de una «enfermedad común» y que se tuviera en cuenta los rasgos de la personalidad de la afectada.
Los parados que ingresen en estas entidades recibirán una subvención de 5.500 euros, frente a los 4.500 actuales, en tanto que las mujeres desempleadas percibirán una ayuda de 7.000 euros, frente a los 6.000 vigentes actualmente. Se mantendrán en su cuantía actual las subvenciones a minusválidos en paro y desempleados en riesgo de exclusión social que quieran ingresar en estas entidades, y que ascienden, respectivamente, a 10.000 y 8.000 euros. La Orden Ministerial que está elaborando el Ministerio para regular estas ayudas incluye también la posibilidad de percibir subvenciones cuando los desempleados se incorporen a las cooperativas y sociedades laborales como socios trabajadores, siempre y cuando hubieran estado vinculados a las mismas mediante un contrato temporal de seis meses como mínimo y no superior a dos años. El Secretario General de Empleo informó además de que ha acordado con los representantes del sector que los trabajadores que formen sociedades laborales o cooperativas puedan acceder a microcréditos del ICO para financiar los gastos, con un límite de 18.000 euros. Medidas en estudio Asimismo, el Ministerio de Trabajo estudiará la posibilidad de que los parados con derecho a prestación por desempleo puedan capitalizar su prestación para establecerse como socios trabajadores de estas entidades cuando no hayan mantenido una relación contractual previa superior a 24 meses, frente a los 12 meses actuales. El departamento dirigido por Jesús Caldera también analizará una reforma de la legislación para que los socios de duración determinada de cooperativas o sociedades laborales puedan beneficiarse de la prestación por paro si concluye su relación con la entidad, ya que, a pesar de haber cotizado por esta contingencia, la normativa actual no les permite disfrutar de la prestación.
Con el objeto de facilitarles el cumplimiento de los plazos establecidos y la cumplimentación de los partes, les recordamos:
Control sobre las jubilaciones anticipadas
Los responsables del Ministerio de Trabajo calculan que dentro de cinco años este tipo de jubilación anticipada parcial representará el 50% del total, con el consiguiente aumento de coste para la Seguridad Social, por no llevar aparejado ningún recorte en la cuantía de la pensión. Según han detectado en Trabajo, muchas empresas han descubierto la bicoca que supone para ellos y para el trabajador la jubilación parcial vigente desde 2002, Esta fórmula permite jubilarse a partir de los 60 años con los únicos requisitos de haber cotizado 15 años y reducir la jornada de trabajo hasta un 85% con lo que el jubilado parcial sólo trabaja el 15% de la jornada. En función de esto, cobra el 85% de la pensión y el 15% del sueldo. Además, tiene una importante ventaja: la cuantía final de toda la pensión, a la que se accede a los 65 años, no tienen ningún coeficiente reductor como ocurre en el resto de las modalidades de jubilación anticipada. Aunque esta modalidad exige que la reducción de jornada del jubilado parcial se acompañe con un contrato de relevo de un trabajador nuevo, en la práctica muchas empresas obvian este requisito, y concentran el 15% de jornada obligatoria en dos meses al año, que suelen coincidir con los de mayor producción, y el trabajador no acude el resto del año. Es una práctica muy extendida en sectores como el automóvil, pero el número de empresas de todos los sectores que lo usan crece cada día. La Unión Europea pide a España reformar las pensiones por riesgo de envejecimiento
Esta recomendación se incluye en el dictamen adoptado recientemente por los Veinticinco sobre actualización del programa de estabilidad de España para el período 2004-2008. "La estrategia presupuestaria esbozada en el programa sitúa a España en una posición relativamente favorable por lo que se refiere a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a pesar de los costos presupuestarios previstos por el crecimiento de la población", señala la opinión del Ecofin. No obstante, dados los "riesgos derivados del gran incremento del gasto de las pensiones a muy largo plazo", el gobierno debe completar sus políticas actuales con "medidas que prevengan la aparición de tendencias insostenibles las finanzas públicas", en particular a través de una "exhaustiva" reforma del sistema de pensiones, "en línea con las recomendaciones del pacto de Toledo". El programa de estabilidad español preveé pequeños superávits en ascenso durante los próximos años, desde el 0,1% del PIB en 2005 al 0,4% en 2008, después del ligero déficit del 0,28% registrado en 2004 como consecuencia de la asunción de la deuda de Andalucía y de Renfe. De acuerdo con la estimación del Ejecutivo comunitario, la situación presupuestaria ajustada cíclicamente oscilará entre el 0,2% y el 0,5% durante el período del programa. El Constitucional equipara trabajo por horas a jornada completa para obtener pensión de invalidez
El constitucional revoca así una sentencia del Tribunal Supremo que dió la razón a la Seguridad Social, quien denegó la pensión por invalidez permanente a una limpiadora porque, si bien el período mínimo de cotización necesario era de 3.860 días y la mujer había cotizado un total de 5.584 jornadas, dicha cotización había sido a tiempo parcial, por lo que tan sólo acreditaba su favor 1.208 días cotizados. El Tribunal Constitucional ampara a la trabajadora al considerar que se vulneró su derecho a la igualdad, y establece que el cómputo de los días cotizados debe hacerse función de los días trabajados, con independencia de la duración de la jornada. De ese modo, restablece la vigencia de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en este caso el 18 de febrero de 1997, declarando a la trabajadora en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, con derecho a recibir pensión vitalicia equivalente a 100% de la base reguladora mensual de 65.030 ptas, con efectos desde junio de 1995. Para el Constitucional, "no parece justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial en cuanto al cumplimiento del requisito de carencia para el acceso a las prestaciones contributivas de Seguridad Social, diferenciación, por tanto, arbitraria y que además conduce a un resultado desproporcionado, al dificultar el acceso a la protección de la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial". Además, según explicó en una sentencia anterior, ello comporta una discriminación indirecta por razón de sexo por cuanto la regulación "afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras". Un juez considera accidente laboral una depresión por acoso en el trabajo
El Juzgado de lo Social número 13 de Valencia reconoce como accidente laboral la depresión profunda de una trabajadora del Ayuntamiento de Sagunto, al considerar que esta patología psiquiátrica se deriva de la situación de acoso laboral. La víctima, trabajadora de la función municipal de cultura, que entre otras cosas se encargaba de la programación del Teatro Romano, cobrará una pensión por invalidez absoluta permanente. El juez considera que "la demandante venía trabajando en la Fundación a plena satisfacción de los anteriores presidentes de la misma (...) sin haber padecido dolencias de tipo psíquico hasta el año 1999 en el que, como consecuencia de las elecciones municipales, accedió al cargo el nuevo presidente, al tiempo que otra persona de su partido se encargaba de la intermediación y asesoramiento excediéndose de las funciones que le eran propias". Y señala que ambos actuaron sobre la trabajadora, "marginándola progresivamente, limitando sus posibilidades de comunicación, limitando sus funciones, produciéndose aislamiento y fomentando rumores y críticas contra ella". El juez entiende que "las consecuencias del acoso condujeron a la demandante a la pérdida de autoestima y a una depresión profunda". Y considera que "se pone de relieve la relación causal entre el trabajo desarrollado y la enfermedad padecida, que conduce a la calificación de ésta como accidente laboral". Por ello, la trabajadora tiene derecho a percibir una pensión mensual en concepto de invalidez absoluta permanente que debe pagar la Unión de Mutuas, ya que se considera al Ayuntamiento responsable de lo ocurrido. La Justicia reconoce el «síndrome del quemado» como accidente laboral
Recurrida la decisión del Tribunal de Primera Instancia al entender, entre otros argumentos, que la dolencia no se debía a un accidente laboral porque no estaba clara la relación causal entre el trabajo y su enfermedad, el TSJC aclara que este tipo de dolencias se alejan «del concepto de accidente» habitual que ocasiona una «lesión súbita e inesperada» y que, «por el contrario, se gestan de una forma lenta y acumulativa», pero también «se relacionan directamente con el trabajo». Recuerda el TSJC que el «síndrome del quemado o de agotamiento profesional» se define como «agotamiento físico, emocional y mental motivado por un proceso en el que se acumula un estrés excesivo por una desproporción entre la responsabilidad y la capacidad de recuperación» del empleado. Para el TSJC, en este caso, el síndrome del «burn out» ha afectado «estando en el trabajo y como consecuencia del mismo» y ha ocasionado «un deterioro que no te permite la actividad laboral». La sentencia rechaza la petición de que se considerara que la patología derivaba de una «enfermedad común» y que se tuviera en cuenta los rasgos de la personalidad de la afectada.
Los parados que ingresen en estas entidades recibirán una subvención de 5.500 euros, frente a los 4.500 actuales, en tanto que las mujeres desempleadas percibirán una ayuda de 7.000 euros, frente a los 6.000 vigentes actualmente. Se mantendrán en su cuantía actual las subvenciones a minusválidos en paro y desempleados en riesgo de exclusión social que quieran ingresar en estas entidades, y que ascienden, respectivamente, a 10.000 y 8.000 euros. La Orden Ministerial que está elaborando el Ministerio para regular estas ayudas incluye también la posibilidad de percibir subvenciones cuando los desempleados se incorporen a las cooperativas y sociedades laborales como socios trabajadores, siempre y cuando hubieran estado vinculados a las mismas mediante un contrato temporal de seis meses como mínimo y no superior a dos años. El Secretario General de Empleo informó además de que ha acordado con los representantes del sector que los trabajadores que formen sociedades laborales o cooperativas puedan acceder a microcréditos del ICO para financiar los gastos, con un límite de 18.000 euros. Medidas en estudio Asimismo, el Ministerio de Trabajo estudiará la posibilidad de que los parados con derecho a prestación por desempleo puedan capitalizar su prestación para establecerse como socios trabajadores de estas entidades cuando no hayan mantenido una relación contractual previa superior a 24 meses, frente a los 12 meses actuales. El departamento dirigido por Jesús Caldera también analizará una reforma de la legislación para que los socios de duración determinada de cooperativas o sociedades laborales puedan beneficiarse de la prestación por paro si concluye su relación con la entidad, ya que, a pesar de haber cotizado por esta contingencia, la normativa actual no les permite disfrutar de la prestación. Las empresas sólo aprovechan la mitad de las bonificaciones para formación
El pasado año, y tras una primera rebaja del presupuesto, la cantidad destinada a bonificaciones empresariales para la formación ascendía a 427 millones de euros, de los que finalmente las empresas sólo gastaron 235 millones de euros, es decir, menos de la mitad. El Gobierno ya se dio cuenta a mediados del pasado año que la partida de bonificaciones no se iba a gastar e hizo una corrección del presupuesto para desviar 160 millones del dinero presupuestado para las bonificaciones al de los contratos programa, que son aquellos que contratan las empresas igual que en el modelo anterior de formación y en cuya gestión tienen más peso los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas.
Ante
esta
situación,
los
responsables
de
la
Secretaría
General
de
Empleo,
que
dirige
Valeriano
Gómez,
están
elaborando
un
Real
Decreto
destinado
a
cambiar
progresivamente
el
modelo
de
formación
y
que
será
negociado
a
partir
de
los
próximos
días
con
los
agentes
sociales.
El
Gobierno
ampliará
las
ayudas
para
el
autoempleo
El resto de la cuantía de la protección por desempleo el otro 50% se dedicará a subvencionar las cotizaciones sociales del nuevo autónomo.
Junto
a
ello,
e!
Gobierno
también
tiene
intención
de
elevar
la
subvención
directa
para
el
comienzo
de
la
actividad
del
autónomo.
Con
carácter
general,
la
cuantía
pasará
de
3.050
a
5.000
euros
anuales,
aunque
en
el
caso
de
las
mujeres
la
ayuda
se
elevará
a
7.000
euros,
y
a
9.000
en
el
caso
de
los
minusválidos,
según
informó
Valeriano
Gómez,
secretario
general
de
Empleo.
Estas
ayudas
pueden
incluso
aumentar
si
así
lo
deciden
las
Comunidades
Autónomas
que
tienen
competencias
para
ello.
Competencia anula el registro de morosos de la banca
La decisión de Competencia supondrá la paralización de todas las actividades del registro de morosos en un plazo de 15 días. Este polémico registro inició su andadura con roces. En 1991 recibió su primera denuncia ante el Consejo Superior Bancario (CSB), entonces responsable del RAI. El motivo: que los denunciantes consideraron ya en aquel momento que el funcionamiento del mismo colisionaba con las prácticas de una leal y sana competencia por tratarse de un registro que supone la concertación entre las distintas entidades de crédito para transmitirse entre sí informaciones sobre clientes que inciden en las condiciones comerciales o de servicio.
El
RAI
nació
como
un
registro
sectorial
de
solvencia
patrimonial
y
crédito,
cuyo
objeto
es
intercambiar
datos
entre
las
entidades
participantes,
sin
que
terceras
personas
físicas
o
jurídicas
tengan
la
posibilidad
de
acceder
a
ellos.
La
inclusión
de
una
persona
en
un
Registro
de
Morosos,
significaba,
de
esta
forma,
su
"muerte
civil",
según
recogían
algunas
de
las
denuncias
ya
presentadas
contra
el
RAI,
ya
que
le
impide
acceder
a
créditos
para
financiar
sus
proyectos.
Así lo aseguró recientemente el Ministro de Trabajo, tras su intervención en el congreso regional europeo que celebra estos días la OIT en Budapest. Según Caldera, existe una parte muy importante de los contratos temporales, cuya eventualidad no está justificada.
Trabajo
prepara
también
un
programa
específico
para
atajar
la
siniestralidad
laboral.
Las
negociaciones
para
todos
esos
cambios
arrancarán
tan
pronto
como
sindicatos
y
empresarios
finalicen
la
discusión
sobre
negociación
colectiva.
Se
abre
ahora
una
nueva
etapa
del
diálogo
social
en
prevención
de
riesgos
laborales
en
la
que
las
partes,
Gobierno
e
interlocutores
sociales
(CEOE,
CEPYME,
UGT
y
CCOO),
han
depositado
muchas
esperanzas.
Entre
otros
acuerdos,
se
fija
el
30
de
mayo
para
cerrar
la
negociación
de
la
modificación
del
Reglamento
de
los
Servicios
de
Prevención
y
el
30
de
junio
para
cerrar
la
negociación
de
la
nueva
lista
de
enfermedades
profesionales
y
del
procedimiento
de
declaración,
notificación
y
registro
de
las
mismas.
La
necesidad
de
disponer
de
una
nueva
lista
de
enfermedades
profesionales
es
evidente
ya
que
la
que
está
vigente
data
del
año
1978.También
se
han
alcanzado
dos
acuerdos
con
los
que
se
abre
una
nueva
etapa
de
diálogo
social
en
materia
de
prevención
de
riesgos
laborales,
en
la
que
se
pretende
dar
un
impulso
a
la
política
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
a
partir
de
nuevas
orientaciones
y
sobre
nuevas
bases:
coordinar
una
estrategia
española
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
que
esté
en
concordancia
con
la
estrategia
europea,
e
impulsar,
con
carácter
urgente,
la
reforma
y
la
potenciación
del
Instituto
Nacional
de
Seguridad
e
Higiene
en
el
Trabajo.
Catálogo
de
Ocupaciones
de
Difícil
Cobertura
El
objetivo
del
Catálogo
es
servir
de
instrumento
para
determinar
y
concretar
la
definición
del
término
"situación
nacional
de
empleo",
que
viene
mencionada
en
el
Reglamento
de
la
Ley
Orgánica
sobre
derechos
y
libertades
de
los
extranjeros
en
España.
El
Reglamento
establece
como
requisito
para
la
concesión
de
autorizaciones
de
residencia
temporal
y
trabajo
por
cuenta
ajena
a
trabajadores
extranjeros,
que
la
situación
nacional
de
empleo
permita
su
contratación
cuando
no
existan
demandantes
nacionales
adecuados
y
disponibles.Para
determinar
las
ocupaciones
que
figuran
en
el
Catálogo
se
tendrán
en
cuenta,
por
un
lado
la
media
de
demandas
de
los
últimos
de
doce
meses
de
personas
que
se
encuentran
solicitando
una
determinada
ocupación
a
fin
de
mes,
el
número
de
puestos
de
trabajo
que
los
empleadores
han
ofertado
a
lo
largo
del
año;
el
número
de
puestos
de
trabajo
para
los
que
no
se
ha
encontrado
el
candidato
idóneo
y
el
número
de
contratos
que
se
han
comunicado
a
los
Servicios
Públicos
de
Empleo
en
el
último
año.
Los
Servicios
Públicos
de
Empleo
Autonómicos
podrán
incluir
o
excluir
del
catálogo
aquellas
ocupaciones
que
su
experiencia
en
la
gestión
así
lo
determinen.
El programa, gestionado por Trabajo, persigue combatir el paro de larga duración que sufren, entre otros colectivos, los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. Otra de las novedades más destacadas del programa en el 2005 es la ampliación de la renta a 11 meses frente a los 10 de programas anteriores. El periodo de espera para iniciar el devengo de la renta se reduce de tres meses a uno. El programa cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, si bien hay que añadir los costes de las políticas activas de empleo que desarrollen las Comunidades Autónomas. Los cálculos del Ministerio de Trabajo es que puedan beneficiarse del programa 71.000 personas.
También
las
víctimas
de
la
violencia
doméstica
percibirán
ayudas
de
1.125
euros
para
cambiar
de
residencia.
La
cuantía
de
la
renta
es
de
375
euros,
el
80%
del
indicador
público
de
renta
de
efectos
múltiples.
Aunque el número de parados registrados se sitúa en 1.717.381, esta cifra se ha reducido sensiblemente en los últimos 12 meses, ya que en febrero de 2004 se contabilizaban 34.513 personas más en situación de desempleo. Al mismo tiempo, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 144.593 ocupados en febrero, situándose en en 17.290.315 ocupados, que suponen un aumento de 102.142 sobre los registrados el 31 de enero. Las mujeres suponen ya el 40,22% del total de afiliados ocupados, y se espera que pronto alcancen los siete |
