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Diciembre 2010 TESTRA: Tablón Edictral de Sanciones de Trafico
¿Qué es TESTRA? El TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) es un tablón electrónico que le permite consultar las notificaciones por sanciones de Tráfico que no hayan podido practicarse en el domicilio del interesado por estar éste ausente, por haber cambiado de domicilio sin haberlo comunicado, etc. Desde el 25 de noviembre de 2010 publican sus notificaciones en el TESTRA la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servicio Catalán de Tráfico, con independencia de la fecha de la infracción o del estado del procedimiento. Progresivamente irán publicando Ayuntamientos y Diputaciones (fecha límite el 25 de mayo de 2012). ¿Cómo se consulta TESTRA? Sin necesidad de certificado digital ni de DNI electrónico puede consular los edictos publicados en el TESTRA. Sólo tiene que teclear su DNI, NIE, o CIF. TESTRA le mostrará si tiene edictos publicados, y toda la información relativa a cada uno de los edictos: qué Administración ha ordenado la publicación, por qué infracción, qué plazos tiene para defenderse, etc.
Una de las principales novedades de la reforma de la Ley es la sustitución del domicilio físico de notificaciones por el domicilio electrónico (Dirección Electrónica Vial - DEV) con efectos legales. Es una web donde las diferentes administraciones con competencia sancionadora en materia de tráfico depositarán las notificaciones del procedimiento sancionador y desde donde se generarán avisos al correo electrónico personal y/o teléfono móvil. A dicha dirección electrónica se accede a través de la web de la DGT. La obtención de esta nueva Dirección Electrónica es obligatoria para todas aquellas personas jurídicas, empresas, que matriculen vehículos a su nombre , de modo que las sanciones dejan de notificarse en formato papel para hacerlo en formato electrónico. Estados legales de las notificaciones electrónicas De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Seguridad Via l, las notificaciones electrónicas estarán a disposición del interesado en su buzón electrónico durante 10 días naturales. En esos 10 días el interesado puede: 
La Justicia sentencia que llamar al jefe “ladrón” no es causa de despido
La Justicia no respalda a la empresa que despide a un empleado por haber insultado a su jefe. Así ha ocurrido en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha declarado improcedente la sanción de despido, impuesta a una trabajadora que llamó al director de su empresa “ladrón e hijo de puta”. El clima de tensión que se vive en la empresa como consecuencia de la crisis es el que utiliza la Sala como atenuante para considerar que la conducta de la empleada “no merece” el despido y sí una indemnización de más de 20.000 euros. La sentencia es aún más relevante si se tiene en cuenta que sienta lo que se denomina “jurisprudencia menor”, pues el Tribunal Superior de Cataluña ya estableció que llamar “hijo de puta” al jefe no reviste la suficiente gravedad como para imponer el despido Este fallo aviva, así, el debate sobre si circunstancias, como el contexto de crisis, pueden ser un criterio válido de graduación de las sanciones. Además, según los expertos, la doctrina que se está consolidando menoscaba el poder de dirección del empresario. La trabajadora era gerente de ventas en A.S.M., una compañía dedicada a formación de directivos. Fue despedida por haber insultado al director general durante una discusión por una comisión, que entendía que le correspondía y que éste le negó, afirmando que la venta la había realizado él. Significado de las palabras El órgano judicial considera que dichas expresiones “no pueden ser entendidas ni de un modo literal ni en su significación plenamente semántica”. Es decir, hay que analizar en qué contexto se produjeron para saber si los incumplimientos imputados en la carta de despido merecían el máximo reproche Los magistrados sostienen que “las palabras tienen un distinto significado según el tono, el contexto y al ánimo de insultar y, en función de estas circunstancias es cuando deberá valorarse si existe o no ánimo de ofender o injuriar”. Para el tribunal, los insultos han de ponerse en conexión con la “extrema tensión y conflicto laboral existente en la empresa”. También, con la “situación de ansiedad de la trabajadora” que, tras la discusión, tuvo que ser atendida por el SAMUR. La situación que se generó tuvo lugar, además, en un contexto en el que, alegando ausencia de ventas, se habían reducido salarios a los trabajadores y existía temor a no cobrar en el futuro. Todas estas circunstancias son las que llevan al tribunal a concluir, al igual que ocurrió en primera instancia, que “no existió [en la trabajadora] ánimo ofensivo que justifique el despido”.
El Boletín Oficial del Estado del pasado día 22 de noviembre ha publicado una Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece que los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y los del Instituto Social de la Marina (ISM), podrán emitir el alta médica durente el plazo máximo delos primeros 365 días de los procesos de Incapacidad Temporal (baja laboral), en idénticas condiciones que la Inspección de los Servicios Sanitarios del respectivo Servicio Público de Salud.
• Aportaciones a los planes de pensiones, a los planes de previsión social empresarial, a los planes de previsión asegurados, a las mutualidades de previsión social y, a las primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia , con el límite máximo conjunto deducible de la menor de las siguientes cantidades : 10.000 € anuales o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio, si tiene hasta 50 años. El límite para contribuyentes mayores de 50 años es de 12.500 € o el 50%. • Si tiene previsto alquilar un piso de su propiedad , recuerde que si se utiliza como vivienda , y no como oficina, tendrá derecho a una reducción del rendimiento neto obtenido del 50% (del 60% a partir del 2011, según consta en el Proyecto de <ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011). La reducción es del 100% cuando el arrendatario tiene una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM. A partir del 01-01-2011, para poder aplicar la reducción del 100% el arrendatario no podrá tener más de 30 años , según las modificaciones pendientes de aprobación. No obstante para los contratos celebrados hasta el 31-12-2010 se conservará el derecho a la reducción del 100% hasta los 35 años de edad. • Para poder tener derecho a la deducción d e 2.500 € por nacimiento o adopción producido durante 2010 es necesario que la inscripción en el Registro Civil se realice antes del 31-01-2011. • Amortización anticipada de la hipoteca o préstamo destinado a la adquisición de la vivienda habitual, con el límite conjunto junto a la aportación a cuenta vivienda de 9.015 €. • Aportaciones a una cuenta ahorro – empresa , en el caso que tenga previsto montar un negocio antes de 4 años (Sociedad Nueva Empresa), pudiendo deducir el 15% de las aportaciones, con el límite de 9.000 € anuales. • Si ha comprado su vivienda con dinero prestado por un familiar , y quiere aprovechar la deducción por vivienda, no olvide documentar la operación, por ejemplo con un contrato privado y la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones que está exento de pago. • En caso de adquisición de nueva vivienda , les recordamos que, con efectos desde 1 de enero de 2011, la deducción por inversión en vivienda habitual será aplicable por los contribuyentes en aquellos ejercicios en los que su base imponible sea inferior a 24.107,20 € anuales , según las modificaciones previstas. La base máxima de deducción será de 9.040 € anuales para las bases imponibles igual o inferior a 17.707,20 euros, y con una disminución gradual para las comprendidas entre 17.707,20 € y 24.107,20 €. • Las aportaciones a cuenta vivienda también se modificarán. A las aportaciones realizadas a partir del 01-01-2011 se les podrá aplicar la deducción por inversión en vivienda en aquellos ejercicios en que los contribuyentes tengan una base imponible inferior a 24.107,20 euros anuales. Sin embargo, l os contribuyentes con una base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros no perderán el derecho a las deducciones practicadas con anterioridad a 01-01-2011 por las cantidades depositadas en cuenta vivienda, siempre que se destinen exclusivamente a la primera adquisición de la vivienda habitual. Orden de módulos para el 2011 Regula el método de estimación objetiva y el régimen especial simplificado del IVA para el 2011. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas : * La orden mantiene la reducción general del 5% La Orden para 2011 mantiene los módulos aplicables este año, así como la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos consecuencia de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Trabajo Autónomo. Esta reducción ya fue aplicada en los ejercicios de 2009 y 2010. * Mantiene las rebajas en el índice de rendimiento neto de determinadas actividades agrícolas Del mismo modo, tampoco experimentan variación alguna los índices de rendimiento neto de los productos agrícolas y ganaderos. Por tanto, se mantiene para 2011 la rebaja en los índices de rendimiento neto del tabaco, la uva de mesa y la flor cortada, que ya habían sido rebajados de manera excepcional en los ejercicios de 2009 y 2010. * Continúan las medidas de fomento de la contratación de personas con discapacidad. En la misma línea, para promover el autoempleo de las personas con discapacidad, se mantienen la mejora introducida en el año 2010, de este modo el actual índice corrector por inicio de actividad continua siendo (80% el primer año, 90% el segundo) se incrementa cuando el autónomo es una persona con discapacidad y pasa a ser, respectivamente, 60 y 70%. Impuesto sobre el Valor Añadido * Se adapta a los nuevos tipos impositivos del IVA en vigor desde el pasado 1 de julio Respecto a las modificaciones en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la Orden adapta los módulos aplicables a los nuevos tipos impositivos del IVA en vigor desde el pasado 1 de julio. Dicho efecto ya se tuvo en cuenta en la elaboración de la Orden de Módulos de 2010, si bien únicamente para los seis meses en los que resultó de aplicación la subida de tipos. En 2011, lógicamente, los nuevos tipos de gravamen se aplicarán durante todo el año y, por tanto, los módulos se adaptan a esta circunstancia. * El plazo de renuncia o revocación será desde el 1-12-2010 hasta el 31-12-2010
NUEVO CONJUNTO DE MEDIDAS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Entre las medidas aprobadas cabe destacar las siguientes: Medidas en el ámbito fiscal : conjunto de medidas tributarias para estimular la actividad económica y reducir los impuestos, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa - Impuesto sobre Sociedades . El Real Decreto-Ley establece, en primer lugar, la elevación de 8 a 10 millones de euros del umbral relativo al importe neto de la cifra de negocios que posibilita acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión , cuya principal ventaja es la sujeción a un tipo impositivo reducido del 25%, frente al 30% del tipo general. Del mismo modo, se permite que tales entidades puedan seguir disfrutando de los beneficios de este régimen especial durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se supere el nuevo umbral de 10 millones de euros, incluso en el supuesto de que dicho límite se sobrepase a resultas de una reestructuración empresarial, con la única restricción de que todas las entidades intervinientes en la misma estén dentro de dicho umbral. Además, se aumenta el importe hasta el cual la base imponible de las entidades de reducida dimensión se grava con el tipo reducido del 25%. Si en el marco regulatorio actual sólo disfrutaban de esta ventaja fiscal los primeros 120.000 euros de beneficios, el Real Decreto-Ley fija dicha cuantía en 300.000 euros. Este límite también será de aplicación para las denominadas microempresas, que por tener una cuantía neta de cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y un plantilla media inferior a 25 empleados, pueden acogerse a un tipo de gravamen del 20%. Por último, se amplía en tres años, hasta 2015, el periodo de vigencia del régimen fiscal de libertad de amortización para inversiones nuevas vinculadas a la actividad económica, eliminando el condicionante del mantenimiento del empleo y permitiendo su extensión a todas las empresas, personas físicas y profesionales. - Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados . Las medidas de incentivo para las empresas se completan con la exoneración del gravamen por la modalidad de operaciones societarias de este impuesto para todas las operaciones dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas. Entiende el Gobierno que en la actual coyuntura económica es conveniente eliminar los obstáculos que dificulten la consecución de estos fines. Medidas liberalizadoras de la actividad económica : EL Real Decreto-Ley incluye un conjunto de medidas liberalizadoras de la actividad económica, destinadas a eliminar en lo posible aquellas cargas económicas que recaen sobre las empresas de forma directa y a fomentar la inversión y la creación de empleo entre las PYMES. - Eliminación de la obligatoriedad del Recurso Cameral Permanente . La reforma hace voluntaria la pertenencia a las cámaras de comercio, industria y navegación y, por tanto, la contribución a la cuota cameral. Su eliminación liberará de esta obligación financiera que actualmente recae sobre dos millones y medio de empresas, y contribuirá a mejorar su competitividad, permitiéndoles optar voluntariamente por participar en estas organizaciones cuando puedan aportarles valor añadido en su actividad. De forma aproximada, las aportaciones obligadas de las empresas pueden situarse en torno a 250 millones de € anuales, con datos de 2008. De esa cantidad, cerca de 90 millones de € recaen sobre pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos (que cotizan por el Impuesto sobre Actividades Económicas e IRPF) y el resto corresponde a las cotizaciones sobre el Impuesto sobre Sociedades. Por otro lado, la voluntariedad de la pertenencia a las cámaras debe ser un incentivo para que cumplan sus funciones con la mayor eficiencia posible. La necesidad de asegurar el interés de las empresas por seguir contribuyendo servirá de estímulo para impulsar su transformación hacia entidades de derecho público prestadoras de servicios de mayor utilidad para sus asociados. - Agilización de la constitución de sociedades . El Real Decreto-ley recoge en este ámbito dos de las reformas contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que se adelantan con su inclusión en la norma aprobada hoy debido a que el Gobierno considera que su puesta en marcha urgente es necesaria para tener una incidencia inmediata en la competitividad del tejido económico español. El principal efecto buscado con estas reformas es el acortamiento de plazos, la eliminación de trámites y la reducción de costes para iniciar nuevas actividades empresariales, lo que impulsará el espíritu emprendedor y la capacidad de innovación en nuestra economía. Adicionalmente, se suprimen cargas administrativas (tanto en la fase de creación de empresas como a lo largo de la vida de las sociedades). Con ello, se persiguen reducciones de costes y supresiones de obstáculos que deben redundar en mejoras de la competitividad y la eficiencia en los mercados. - Creación de empresas en 24 horas . La reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno a cinco días, exceptuando sólo aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examen más detallado. Así, por ejemplo, para las sociedades de responsabilidad limitada con capital social entre 3.000€ y 3.100€ que adopten unos estatutos sociales tipo, se podría constituir la sociedad con un coste de 100€ y con aplicación de procedimientos telemáticos en todos los trámites. Esta medida facilitará la conversión en PYME de los trabajadores autónomos. - Publicidad de actos societarios . Se elimina la obligación de que la publicidad de actos societarios tales como constitución, modificación de estatutos, reducción de capital, convocatoria de juntas de accionistas o disolución de empresas tenga que hacerse por medio de la prensa escrita. Esta medida descargará de costes a las empresas en los actos frecuentes de su vida societaria, y se inserta en el objetivo de reducción de cargas administrativas y de costes de publicidad y de tramitación que suponen trabas muchas veces injustificadas para las empresas. Medidas en el ámbito laboral : En el marco del compromiso del Gobierno con la mejora del funcionamiento del mercado laboral, y con el objetivo de concentrar el esfuerzo en facilitar el acceso de los desempleados a nuevos puestos de trabajo, el Real Decreto-Ley refuerza el Servicio Público de Empleo. 3.000 promotores de empleo para la atención personalizada a los desempleados: se ha aprobado la prórroga hasta diciembre de 2012 de la contratación de los 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en los Servicios Públicos de Empleo, así como la contratación hasta esa misma fecha de otros 1.500 promotores de empleo, que se incorporarán el 1 de febrero del próximo año. De esta forma, el Gobierno refuerza el Servicio Público de Empleo para ofrecer una mejor atención a las personas en situación de desempleo. Las actuaciones a desarrollar por los promotores de empleo consistirán en la atención directa y personalizada a las personas desempleadas, la información a las empresas y la prospección del mercado laboral de su entorno y seguimiento de las actuaciones realizadas con las personas desempleadas y con las empresas. La gestión de la medida será realizada por las comunidades autónomas, con competencias en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, y por el Servicio Público de Empleo Estatal. Fortalecimiento del sistema de la Seguridad Social : - Integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios de nuevo ingreso. Establece la integración de los funcionarios que ingresen en cualquier Administración pública española a partir del 1 de enero de 2011 en el Régimen General de la Seguridad Social, preservando, cuando así proceda de acuerdo con su normativa reguladora, el mutualismo administrativo. De hecho, los funcionarios que a día de hoy estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas y en el Mutualismo Administrativo mantendrán sus derechos adquiridos y continuarán integrados en ambos mecanismos de cobertura. La medida avanza en la simplificación y armonización de los actuales sistemas de protección social de los funcionarios públicos y, además, contribuirá a incrementar el número de cotizantes a la Seguridad Social, lo que propiciará una mayor estabilidad del sistema público de protección social mediante el establecimiento de un único sistema contributivo y de reparto de las pensiones. Otras medidas liberalizadoras - Restructuración de AENA. Se reforma el modelo de gestión aeroportuaria y se establece la creación de la sociedad Aena Aeropuertos, convirtiéndola en una empresa de capital público que podrá aceptar la entrada de capital privado en un porcentaje minoritario. Los 47 aeropuertos que integran la red podrán gestionarse mediante la creación de sociedades filiales de Aena Aeropuertos o a través de concesiones. Además, el Real Decreto-Ley refuerza la garantía de la seguridad y continuidad de la prestación de los servicios de tráfico aéreo, al aclarar las previsiones contenidas en la Ley 9/2010, reguladora de dicha prestación, en relación con las horas de "actividad aeronáutica" anual de los controladores de tránsito aéreo. - Reorganización de Loterías y Apuestas del Estado. Por otro lado, se transforma la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado para crear un regulador independiente, que se adscribirá al Ministerio de Economía y Hacienda hasta que se constituya la futura Comisión Nacional del Juego. Al mismo tiempo, se establece la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas de Estado como operador independiente del regulador, para hacerlo más eficiente y dar mayor transparencia al mercado. Los inversores privados podrán participar en la nueva sociedad mediante la adquisición de una participación minoritaria de su capital social.
MODELO OFICIAL DE ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES LIMITADAS
El ámbito de aplicación de esta medida ha sido definido una vez constatado que la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas se constituyen con la forma de sociedad de responsabilidad limitada, cuentan con un reducido número de socios, generalmente no superan el capital social mínimo exigible (3.100 €) y prevén estatutariamente una estructura interna simplificada y un objeto social incluido en la enumeración prevista en dicha Orden. Esta Orden constituye el desarrollo de una de las actuaciones en el ámbito fiscal previstas en el Real Decreto Ley de 3 de diciembre, orientadas a fomentar la inversión productiva y la creación de empleo y, en este contexto, la agilización del proceso constitutivo de las formas de organización de esta tipología empresarial y la reducción de costes, tanto de su proceso constitutivo como respecto de los actos y acuerdos de su funcionamiento posterior.
Noviembre 2010 La Reforma Laboral
Así, el Artículo 1 regula las novedades introducidas por esta Reforma en los Contratos temporales. Manteniendo el marco general, introduce algunas modificaciones entre las que caben destacar:
No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años. La Indemnización por finalización de contrato temporal prevista en esta Ley se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:
Conflicto económico por un despido improcedente
El trabajador, despedido durante una baja por incapacidad temporal, percibía mientras se encontraba en esta situación la totalidad de su retribución porque la empresa la completaba por indicación expresa del convenio colectivo. Cuando se produjo el final de la relación laboral, el empleador cesó en el pago de esta mejora. Hay que tener en cuenta que el antiguo empleado no reclamaba los salarios de tramitación, dado que al percibir la prestación de la Seguridad Social carecía de ellos, sino que únicamente solicitaba la diferencia entre la prestación y el cien por cien de su remuneración. Conviene matizar este punto porque este complemento puede suponer cantidades económicas importantes. El asunto terminó en el Tribunal Supremo, que dio la razón al trabajador, pues no resulta razonable que un despido sin causa, y por tanto ilícito, privase al antiguo empleado de la compañía del complemento acordado en el convenio colectivo. Ello supondría liberar al empleador del pago de la mejora convencional y atribuir las consecuencias del acto ilícito laboral al trabajador, a quien se le obligaría a soportar el quebranto económico consecuente a la pérdida de la mejora voluntaria de la Seguridad Social. El Supremo añadió que en un despido la decisión del empresario se entiende por sí misma como causa de situación legal de desempleo. El empleador debe instar la baja del trabajador y cotizar durante el periodo correspondiente a los salarios de tramitación, que se consideran como de ocupación cotizada a todos los efectos. La obligación de cotizar continúa en una situación de incapacidad temporal. Así, si el periodo correspondiente a los salarios de tramitación se considera como ocupación cotizada a todos los efectos y subsiste la obligación de cotizar hasta que se extingue el contrato de trabajo, es clara consecuencia que el trabajador tiene derecho a la mejora voluntaria de la Seguridad Social durante el periodo de los salarios de tramitación, aunque no los estuviera percibiendo por encontrarse en situación de incapacidad temporal hasta la fecha en que, jurisdiccionalmente, se declaró extinguida la relación laboral por la opción ejercida por el empresario en la esfera de los efectos del despido improcedente.
Baja de maternidad hasta las 20 semanas con el sueldo íntegro
La Eurocámara se ha pronunciado en Estrasburgo a favor de prolongar el permiso de maternidad mínimo, actualmente fijado en 14 semanas en la UE, hasta el nivel que reclamaba el informe aprobado por la comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer. El borrador legislativo salió adelante por un resultado de 375 votos a favor y 208 en contra, superando así la gran división que mostró la Eurocámara en el debate. El texto amplía la baja de maternidad catorce días por encima de la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE), que situaba la duración de este permiso en 18 semanas, y además establece que la remuneración durante dicho período debe ser equivalente al sueldo habitual. El resultado de la votación fija la postura del Parlamento en primera lectura, a la espera de lo que decidan los países, en un proceso legislativo que se prevé largo. Los eurodiputados que se opusieron a la medida alegaron que la ampliación del permiso tendría un coste excesivo para las cuentas públicas y sería inviable en el actual contexto de ajuste presupuestario, una postura que comparten varios estados miembros. La principal responsable del informe en el que se basa el texto, la socialista portuguesa Edite Estrela, defiende que las 20 semanas darían a la mujer tiempo para recuperarse de su embarazo y del parto, fomentarían la lactancia y permitirían a la madre forjar un vínculo más fuerte con su hijo. Las actuales condiciones de los permisos de maternidad difieren entre los países de la UE, muchos de los cuales aplican bajas de maternidad con una duración superior al mínimo de 14 semanas fijado en una directiva europea de 1992. En España, el permiso para las trabajadoras que sean madres es de 16 semanas, con las seis primeras después del parto de carácter obligatorio, mientras que el resto son transferibles al cónyuge.
Desde el 2 de enero ya no se podrá fumar en espacios públicos cerrados
Los únicos espacios cerrados en los que sí estará permitido fumar serán los centros penitenciarios, los psiquiátricos y las residencias de mayores y discapacitados, aunque sólo se podrá hacer en salas habilitadas para ello. La nueva norma, que será enviada directamente al Senado, entrará en vigor previsiblemente el próximo día 2 de enero para no interferir con las celebraciones de Fin de Año. El texto detalla también que los hoteles podrán reservar hasta un 30 por ciento de habitaciones para fumadores y define el concepto de “espacio al aire libre” como un espacio no cubierto o cubierto con no más de dos paredes o paramentos. Además precisa que los “clubes de fumadores” deberán ser una entidad con personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y no incluir en sus actividades la comercialización o compraventa de bienes consumibles. Se evita así que los restaurantes o locales puedan denominar “club de fumadores” a los espacios que actualmente han delimitado como zona de fumadores. En cuanto a la venta de tabaco, se prohíbe en todos los locales en los que no se permita fumar, como bares y restaurantes, pero se permite colocar máquinas expendedoras en quioscos de prensa, tiendas de conveniencia y gasolineras. El dictamen aprobado este miércoles también remite al Consejo Interterritorial de Salud la valoración de los tratamientos de deshabituación tabáquica y su posible inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En materia educativa, la ley establece la introducción de contenidos orientados a la prevención y a la concienciación contra el tabaquismo en los planes formativos del profesorado y establece la puesta en marcha de programas de actuación en la atención pediátrica infantil. Otro asunto que también prohibirá la nueva ley es la emisión de programas o imágenes en medios de comunicación en las que los presentadores, colaboradores o invitados “ aparezcan fumando, mencionen o muestren” marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados al tabaco. El texto también detalla que las infracciones leves conllevarán una multa de 30 a 600 euros, las graves con multa de hasta 10.000 euros y las muy graves hasta 600.000 euros.
El IPC subió un 0,9% en octubre y un 2,3% en un año
En sentido contrario, el ocio y la cultura, así como los hoteles, cafés y restaurantes, afectaron negativamente al índice de precios, ya que bajaron el 0,8% y el 0,2% respectivamente. La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- se situó en el 1,1% en tasa interanual, la misma registrada en septiembre
Reclamaciones de la TGSS por diferencias en los descuentos de prestaciones por incapacidad temporal
En este sentido y en virtud de la Resolución de 13 de abril de 2010, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social remitirán a la TGSS las deducciones que consideran indebidas que afectan a las recaudaciones correspondientes al período enero-junio de 2010, que se notificarán a partir del 30 de enero de 2011. Las deducciones indebidas de recaudaciones anteriores se enviaron a la Tesorería el pasado 31 de agosto y el calendario de notificaciones quedó establecido de la siguiente forma:
La normativa fija como importe mínimo deudor que será objeto de reclamación por vía de la Tesorería General de la S.S. el 3% del IPREM (unos 15 euros en una misma recaudación mensual), si bien cualquier desviación detectada en las empresas podrá ser acumulada hasta la existencia de un saldo reclamable por la TGSS.
Desempleo para autónomos
El acceso a dicha protección por desempleo ha sido condicionado a que el trabajador autónomo también cotice para la protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional, de tal forma que sin esta cotización no podrá obtener las prestaciones por desempleo cuando cese en su actividad. La sorpresa ha surgido cuando la Tesorería General de la Seguridad Social ha interpretado que la nueva protección es obligatoria para todos los trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección por contingencias profesionales. De esta forma y ante la ambigüedad de la redacción de la Ley 32/2010, la Administración de la Seguridad Social va a proceder a recaudar de oficio y sin previa solicitud o comunicación del trabajador autónomo, por entender que de esa forma ahorra al trabajador el mero formalismo de la solicitud. “… En el presente caso la Administración –esa Tesorería General- va a tener perfectamente identificados a los trabajadores autónomos que están de alta y tienen cobertura por contingencias profesionales a 6 de noviembre de 2010, sabiendo asimismo que están obligados a cotizar por esa contingencia desde el primer día de ese mes, sin que sea necesaria comunicación alguna por parte de los trabajadores afectados, por lo que deberá actuar de oficio preceptivamente, lo que convierte la solicitud e los trabajadores en un mero formalismo y una carga para ellos, sin apenas justificación en la Ley 32/2010 el ya comentado artículo 17.1.a)- pero cuyo incumplimiento, sin embargo, podrá acarrearles importantes perjuicios o, al menos, molestias innecesarias. Por consiguiente, considera esta Dirección General que tanto la acción protectora como la obligación de cotizar por cese de actividad deben surtir efectos automáticamente desde el 1 de noviembre del presente año respecto de aquellos trabajadores autónomos incluidos en el RETA o en el RETM que el día 6 del mismo mes tengan cobertura por contingencias profesionales”.
Trabajo prorroga a agosto la ayuda de 426 euros a parados sin cobertura El ministro de Trabajo ha anunciado que el Gobierno prorrogará por tercera vez la ayuda de 426 euros durante seis meses para desempleados que no tienen ningún tipo de cobertura. La medida, que terminaba en enero de 2011 se prorroga hasta agosto, seguirá afectando a los nuevos parados que agoten su prestación.
Hacienda enviará notificaciones solo por internet a partir de 2011
Por cuestiones de seguridad, Hacienda no remitirá los mensajes al correo habitual de las compañías, sino que serán las empresas las que deberán acceder a la página web de la Agencia Tributaria y allí tendrán un correo asignado. Ello obligará a las sociedades a entrar en su buzón cada diez días, ya que este es el margen que existe desde que la Agencia Tributaria envía una notificación hasta que la empresa confirma que la ha recibido. En caso contrario, se considerará rechazada, lo que conlleva que Hacienda inicie procedimientos de apremio y aplique sanciones. Los autónomos que aplican el régimen de devolución mensual del IVA también deberán acogerse a la nueva normativa.
Anulación de sanción tributaria Anulación de sanción tributaria cuya motivación se limita a una serie de razonamientos genéricos y esteriotipados.
El Tribunal acuerda la anulación de la sanción impuesta, ante la falta de motivación del acuerdo sancionador, que no hace referencia sobre cualquier circunstancia que se refiera a la conducta concreta del sancionado, individualizada y personalizada, con referencia a las normas concretas objeto de debate o duda, limitándose a una serie de razonamientos genéricos y esteriotipados. Por la ausencia por tanto del elemento subjetivo de la culpabilidad. El TSJ Madrid estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del TEAR Madrid, que anula en relación a la sanción tributaria y confirmándola respecto a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consejos para ahorrar dinero en la próxima declaración del IRPF
Compra de vivienda Según el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a partir del 1 de enero de 2011 las viviendas que se compren perderán la posibilidad de deducirse los actuales si las rentas superan los 17.000 euros anuales y habrá un prorrateo hasta perder la posibilidad de deducirse entre esos ingresos y los 24.107,20 euros anuales. En el caso de matrimonios casados en régimen de gananciales, que amortizan sus préstamos o hipotecas de viviendas adquiridas con anterioridad por uno sólo de los cónyuges, la ley interpreta que la amortización se hace desde la sociedad de gananciales y, por tanto, la desgravación pueden practicársela ambos, por separado, dentro de los límites establecidos por la normativa. Los pagos realizados a cuenta al promotor inmobiliario durante la construcción de la vivienda son deducibles, aunque siempre que las obras finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde que se realizó el primer pago. Cuenta vivienda Pueden desgravarse los 9.015 euros por cada uno de los cuatro ejercicios de inversión en la cuenta. En el caso de los que se benefician de la prórroga estipulada en 2008 han de tener en cuenta que en los dos años de la ampliación no pueden deducirse más aportaciones. Rehabilitaciones de vivienda También se pueden desgravar las cantidades destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que las obras se centren en las estructuras, fachadas y cubiertas, por un coste global que debe superar el 25 por ciento del precio de adquisición o de mercado que tenga la vivienda en el momento de efectuarla, pero excluyendo el valor del suelo. Respecto a qué conjunto de reformas entran en la definición de rehabilitación, destacan las reformas para garantizar la seguridad estructural y la estanqueidad frente a la lluvia, así como el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas; las que suprimen barreras arquitectónicas y las que tienen por objeto reducir el consumo energético, mediante la incorporación o mejora del aislamiento térmico o del acústico. Alquiler de vivienda Cabe destacar la reducción del 50 por ciento del rendimiento neto en arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, y del cien por cien cuando el arrendatario tenga entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos de trabajo o de actividades económicas en el periodo impositivo superiores al Iprem (salario mínimo). El dueño de la vivienda alquilada debe declarar el alquiler percibido y deducirse los gastos admitidos en la normativa del IRPF para mantener en buenas condiciones la vivienda. Planes de pensiones Los planes de pensiones y determinados instrumentos de ahorro previsión asimilados gozan del diferimiento en su tributación, pues las aportaciones reducen la base imponible, aunque no se aplica ninguna reducción si la prestación es en forma de capital. En estos casos, se aplicará la tarifa del impuesto, que puede llegar hasta el 43 por ciento. Quienes tengan pensado hacerlo a partir del próximo ejercicio sepan que sube el tipo máximo de la escala hasta el 45 por ciento. No obstante, si se hace efectivo alguno de estos productos en forma de capital, la reducción del 40 por ciento se seguirá aplicando sobre las cantidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2006. Rentas del ahorro Quedan algo más de dos meses para decidir si conviene o no compensar o no declarar plusvalías este año. La reforma fiscal que entró en vigor con el inicio de 2010 ha duplicado los tipos que gravan las plusvalías, con uno general del 19 por ciento y otro superior del 21 por ciento para quienes superen los 6.000 euros. Los dividendos Están exentos los primeros 1.500 euros anuales percibidos por la distribución de beneficios de una sociedad. El exceso que se perciba por encima de este límite cuantitativo se deberá integrar en la base imponible general del contribuyente, y la exención no se aplica a los valores comprados en menos dos meses antes de su percepción. Recorte a los 400 euros Un dato a tener en cuenta: la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas se aplica sólo a contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 12.000 euros. Si la base imponible es igual o inferior a 8.000 euros la deducción será de 400 euros anuales. Si la base imponible está comprendida entre 8.000,01 y 12.000 euros el importe a deducir disminuirá proporcionalmente.
Sanción administrativa por vulneración del derecho de huelga
La Inspección de Trabajo y la Resolución recurrida consideraron lesionado el derecho de huelga de los trabajadores porque entendieron que la empresa sustituyó a los trece trabajadores en huelga con cuarenta y ocho horas de antelación al variar los turnos de tres operadores de la empresa. Sin embargo, esta conducta no integra el tipo de infracción imputada. La infracción se refiere a la sustitución de trabajadores huelguistas por otros trabajadores “externos” a la empresa y no con personal de la misma. A mayor abundamiento, el artículo 25 de la Constitución Española establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. El artículo 129 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, bajo la rúbrica “Principio de tipicidad”, establece que “Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones en una Ley” y añade en el punto 4 que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”. La norma citada en el Acta de Infracción impugnada, el artículo 8.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, sólo recoge como infracción “la sustitución de trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo” pero nada dice en relación a los trabajadores que prestan servicios en el mismo centro de trabajo. Y es que una cosa es considerar que ha podido existir una lesión del derecho de huelga y otra muy distinta pretender integrar una infracción administrativa con una conducta que no se recoge en la misma. De esta manera, el Tribunal de lo contencioso administrativo considera que, puesto que no se ha producido la conducta descrita por la norma, no resulta posible considerar cometida infracción alguna y menos pretender que cualquier interpretación de un caso concreto en el que se haya afirmado que existe lesión del derecho de huelga puede extenderse por analogía y considerarse una infracción administrativa muy grave.
La extinción de contrato. Expediente de regulación de empleo
Entre las novedades más destacadas podemos hacer mención a las siguientes: Causas . Se definen cuales son las causas económicas, técnicas organizativas o productivas que pueden justificar un despido objetivo o colectivo:
Nueva causa de despido objetivo: Por faltas de asistencia al trabajo , aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo, salvo excepciones. Periodo de consultas con los representantes de los trabajadores : Se mantiene un periodo no superior a treinta días naturales, si bien se establece un nuevo periodo de quince días para las empresas de menos de cincuenta trabajadores. Indemnización por despido objetivo: Cuando el despido sea declarado judicialmente improcedente o reconocido como tal por el empresario, la indemnización será de treinta y tres días por año de servicio, en los casos de contratos de trabajo indefinidos acogidos a las medidas de fomento del empleo. Nulidad del despido: La decisión extintiva será nula cuando:
No será nulo el despido objetivo , y se calificará como improcedente, cuando no se hubieran cumplido los requisitos establecidos. No será improcedente por la falta de concesión del preaviso o la existencia de error excusable en el cálculo de la indemnización, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios de tramitación. Abono por el Fondo de Garantía Salarial de parte de la indemnización. En los nuevos contratos de trabajo de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento del empleo , celebrados a partir del 18 de junio de 2010, una parte de la indemnización (ocho días por año de servicio) será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía salarial, con los límites legalmente establecidos. Este abono procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior a un año.
Normativa europea para el control de la morosidad
Los contratos, entre las administraciones públicas y el sector privado, podrán extender el plazo para realizar el pago sólo “si se acuerda expresamente, y está justificado, objetivamente, a la luz de la naturaleza particular o características del contrato”. De todas formas “bajo ninguna circunstancia” podrán retrasar los pagos más de 60 días. Se podrá hacer una excepción con las entidades públicas sanitarias, cuyo plazo de pago podrá ser de 60 días, “dada la especial naturaleza de este sector, ya que organismos como los hospitales, que suelen financiarse a través de los reembolsos de los sistemas de seguridad social”. Se fija una interés para los pagos vencidos de al menos un 8%, y el acreedor podrá obtener del deudor, además, una suma fija de 40 euros, como mínimo, como compensación por los gastos. Se determina un plazo de 30 días para verificar si los bienes o los servicios prestados cumplen con los términos del contrato, este plazo podrá ampliarse para los “contratos particularmente complejos”, siempre que lo acuerden ambas partes y que no resulte “excesivamente injusto” para el acreedor. Esta directiva deberá ser aprobada por el Consejo de la UE, y pretende dotar de liquidez a las empresas, en especial a las pymes.
Los permisos de paternidad son discriminatorios [Fallo del TJCE considerando discriminatorios los permisos por lactancia recogidos en el sistema español]
En opinión del TJCE la norma española prevé que las mujeres, sólo aquellas madres de un niño y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar del permiso según varias modalidades. Este permiso disfrutable durante los nueve primeros meses siguientes al nacimiento del hijo, es dicriminatorio “en tanto que los hombres padres de un niño que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, sólo pueden disfrutar del citado permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por cuenta ajena.”
Responsabilidad de los administradores Las empresas siguen sin cumplir con el depósito de cuentas en plazo
El número de empresas que cumplen con sus obligaciones de información periódica al registro mercantil cae en picado con la crisis, por lo que muchas empresas que cesan su actividad, que cierran sus líneas de negocio, se quedan inactivas antes que liquidar y disolver formalmente la empresa. Cuando una empresa no cumple con sus obligaciones de información, incumple la ley de sociedades por lo que los administradores y el consejo de administración pasan a ser responsables solidarios de las deudas que tenga la empresa. Este extremo es el que provoca en la mayoría de las ocasiones que la responsabilidad limitada de la sociedad se traslade al administrador de la misma. Una empresa puede tener seria y que trabaje correctamente debe tener sus cuentas depositadas en el registro mercantil, así como toda la información referida a ceses, nombramientos, cambios de domicilio social o estatutarios que requieran inscripción. Trabajar con empresas que incumplen estas normas aumenta exponencialmente el riesgo de impago.
[Sentencia UE] No es discriminatorio extinguir un contrato por edad
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) considera que la extinción automática de un contrato de trabajo por haberse alcanzado la edad de jubilación no es “necesariamente discriminatoria”. La cláusula de extinción automática no es discriminatoria y por tanto es conforme a derecho comunitario cuando está justificada por causas “objetivas” y puede pactarse de otro modo a través de un convenio colectivo, argumenta la sentencia. Para el tribunal, la normativa alemana por la que se rescinde el contrato de la trabajadora con motivo de haber alcanzado esa edad representa “no un régimen imperativo de jubilación forzosa, sino un modo de extinción de las relaciones laborales vinculado a la edad a la que se tiene derecho a una pensión de jubilación”. Y es que el derecho del trabajo de muchos Estados miembros promueve la estabilidad del empleo y, alcanzada cierta edad, garantiza una pensión de jubilación. A su vez, estas legislaciones nacionales también prevén la posibilidad de dar cierta flexibilidad a los empresarios permitiendo pactar con el trabajador que no entre en juego la cláusula de extinción automática por razón de edad, esto es, que los empleados puedan trabajar más allá de los 65 años si lo desean. Para el tribunal europeo es “razonable” que las autoridades e interlocutores sociales estimen que “las cláusulas de extinción automática puedan ser adecuadas y necesarias” para alcanzar los objetivos legítimos de una legislación laboral.
Trabajadores autónomos: nuevos plazos para la solicitud de modificación de las bases de cotización
Se acuerda en la citada Orden del Ministerio de Trabajo que las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen especial podrán cambiar dos veces al año la base de cotización por la que viniesen obligadas a cotizar, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y máximo aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social antes del día 1 de mayo, con efectos del 1 de julio siguiente, o antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente. También podrán solicitar, en los mismos plazos y con los mismos efectos, que sus bases de cotización deincrementen automáticamente en elmismo porcentaje en que aumenten las bases máximas de cotización a este régimen especial.
Incapacidad Temporal: Procedimiento para impugnar el alta médica
Con anterioridad a la última reforma, cuando el trabajador era dado de alta por el médico de la Mutua o de la Seguridad Social, si decidía impugnarlo debía dirigirse al Juzgado de lo Social, interponiendo, en primer lugar, la preceptiva reclamación previa ante el INSS, en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de dicha alta. Si transcurridos 45 días no existía resolución expresa o ésta era negativa, se iniciaba el cómputo de otros 30 días para interponer la correspondiente demanda ante el Juzgado. Desde la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, se ha introducido un procedimiento para que el trabajador que es dado de alta médica pueda manifestar su disconformidad de una forma más ágil. Con el nuevo procedimiento de impugnación de altas médicas emitidas por el INSS, el trabajador disconforme debe, en el plazo de 4 días naturales desde su notificación, impugnarla ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud (SPS), debiendo ésta resolver en 7 días naturales, si procede, o no, el alta médica emitida por el INSS. Si considera que procede o no resuelve en plazo (se entenderá desestimada por silencio negativo) debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo. Si por el contrario, el SPS discrepa de dicha alta médica, el INSS deberá dictar una nueva Resolución, en el plazo de otros 7 días naturales, reafirmándose en dicha alta, para lo cual deberá aportar pruebas complementarias que lo justifiquen o, por el contrario, reconsiderando el alta médica, lo que provocará la prórroga de la situación de IT. A diferencia del modelo anterior en que el trabajador, a pesar de que impugnara la resolución de alta médica, debía reincorporarse a su puesto en 24 horas tras la misma, al tener ésta efectos inmediatos, ahora no se producirá dicha reincorporación inmediata si decide impugnarla, sino que continuará percibiendo la prestación de IT hasta que exista una resolución definitiva. Por lo tanto, estará como mínimo 11 días más en situación de IT a todos los efectos, si la resolución definitiva confirma el primer alta médica.
La cotización a la Seguridad Social de los autónomos
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 incorpora dos importantes novedades para el colectivo de autónomos. A partir del 1 de enero próximo los autónomos empresarios, que al menos tengan 50 trabajadores en nómina, no podrán cotizar a la Seguridad Social por una base inferior a la de sus empleados. Con esta decisión se pretende evitar que muchos de estos empresarios paguen menores cuotas sociales por su nómina asignada que la que abonan por sus empleados. De momento, lo que se pretende conseguir es que al menos este colectivo pague cotizaciones por la base mínima del grupo 1 del Régimen General. Es decir, pagaría el tipo de cotización establecido para los Trabajadores Autónomos, sobre una base de cotización como si de una trabajador por cuenta ajena se tratara (unos 1.030 euros) frente a los 850,20 euros sobre los que debería cotizar a partir del 2011 si se mantuviera en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Pero al igual que esta modificación no se ha consultado con las organizaciones de autónomos, tampoco se ha consultado la que afecta a quienes tengan entre 45 y 49 años, ya que deberán ahora decidir por qué base cotizarán hasta la edad de jubilación, algo que hasta ahora se hacía a los 50 años. Este cambio anticipa que el Gobierno sigue pensando en que para todos los trabajadores se van a tomar 20 años de vida laboral, frente a los 15 actuales, para realizar el cálculo de la pensión. De todas formas, la pretensión de la Seguridad Social es ampliar en unos años las bases de cotizaciones de los autónomos. El caso es que ahora pueden percibir la pensión máxima con sólo haber cotizado durante 15 años por las bases máximas (de 50 a 65 años, aunque en los años anteriores han cotizado por las mínimas). Los trabajadores por cuenta ajena no tienen esa capacidad de opción; tampoco la empresa que los contrata, ya que el régimen general determina en qué base deben cotizar según su categoría laboral e ingresos. Según recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en su art. 131.4 , a partir del 1 de enero de 2011 únicamente podrán solicitar bases de cotización superiores a 1.682,70 los trabajadores autónomos que tengan una edad inferior a 44 años, en vez de inferior a 49 AÑOS según la normativa actual . Es decir, que se rebaja la edad de 49 a 44 años para poder optar por subir la base de cotización hasta la base máxima, todo ello relacionado con el proyecto de modificación de la pensión de jubilación en el que se pasara a considerar los 20 últimos años, en vez de los 15 últimos. Será a partir de enero de 2011 cuando los autónomos entre 45 y 49 años tendrán que decidir cuánto cotizan para determinar su futura pensión. Se les dará como plazo hasta abril de 2011 para tomar la decisión, que será efectiva a partir de julio de ese año.
Es decir, que se rebaja la edad de 49 a 44 años para poder optar por subir la base de cotización hasta la base máxima, todo ello relacionado con el proyecto de modificación de la pensión de jubilación en el que se pasara a considerar los 20 últimos años, en vez de los 15 últimos. El citado Proyecto de Ley establece, sin embargo, la posibilidad de que los trabajadores entre los 45 y los 49 años de edad puedan elegir una base de cotización superior antes del 1 de abril de 2011, que producirá efectos a partir del 1 de julio de 2011.
Tarjeta profesional para los autónomos de la construcción
Por este motivo, el Ministerio de Trabajo va a permitir que los trabajadores autónomos que deseen obtener su tarjeta profesional de la construcción, deben dirigirse a la Fundación Laboral de la Construcción y acreditar un mínimo de ocho horas de formación en un curso de prevención de riesgos laborales. Para los trabajadores autónomos, la tenencia de esta tarjeta será voluntaria, no así para los trabajadores por cuenta ajena de la construcción, cuya posesión será obligatoria a partir del 2012. En el caso de que no se tenga dicha tarjeta, no será posible incorporar a ninguna obra a los trabajadores que no estén formados en prevención de riesgos laborales en la construcción. Octubre 2010 Los empresarios serán penalmente responsables
El cambio es sustancial para millones de empresas que operan en España y que responderán de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que tienen poder de dirección. Además, las empresas tienen la obligación de ejercer el debido control sobre sus empleados. De no ser así serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas. Novedades 1 Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por representantes legales y administradores. 2 La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito cometido por quien ostenta los cargos o funciones aludidas en el primer punto. 3 La concurrencia en las personas que hayan realizado materialmente los hechos o lo hubieran hecho posible por no ejercitar el debido control, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 4 Serán circunstancias atenuantes tras la comisión del delito: confesar la infracción, colaborar en la investigación aportando pruebas, reparar o disminuir el daño y haber prevenido futuros delitos. 5 Las disposiciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, Administraciones Públicas, sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos… 6 Las penas aplicables a las personas jurídicas serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, disolución de la sociedad, suspensión de actividades hasta 5 años o clausura de sus locales. Inexplicablemente, el nuevo Código Penal no aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y a los sindicatos.
Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles
Una de las modificaciones más importantes determina el establecimiento de un plazo máximo de 60 días , no sujeto a ampliación por acuerdo entre las partes, para el pago de los servicios prestados. Dicho plazo será de 30 días en el caso de que intervengan las Administraciones Públicas (a partir del 01/01/2013). La entrada en vigor de la referida Ley tiene establecido un régimen transitorio de adaptación al plazo máximo antes citado, de forma que los plazos máximos de pago no podrán ampliarse por acuerdo entre las partes por encima de los siguientes límites:
La nueva norma determina pues que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será, cuando termine el periodo transitorio, de 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación del servicio, no pudiendo ser ampliado este plazo por acuerdo entre las partes. Solo en el caso de que el deudor reciba la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, los 60 días se computarán a partir de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán principios de transparencia y proporcionalidad respecto de la deuda principal, no pudiendo reclamar una indemnización superior al 15% de la cuantía de la deuda, excepto en los casos de deudas que no superen los 30.000 €, en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate. Se establece un régimen especial en materia de productos agroalimentarios , frescos y perecederos, que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para la comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisen de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte. En estos casos, el aplazamiento del pago de los productos no excederá en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías. Esta ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad al 7 de julio de 2010. Es de destacar que el Gobierno ha adquirido el compromiso de instrumentar, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directa, dirigida a las Entidades Locales, para facilitar el pago de las deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.
La reforma laboral tras su paso por las Cortes
Estas son las principales medidas incluidas en la norma tras su paso por el Congreso y el Senado:
La reducción temporal de jornada en la Reforma Laboral
Y esto porque efectivamente no cabe duda que, en situaciones de disminución de la actividad productiva de las empresas, la adecuación de la jornada de trabajo a las necesidades de la producción real es un instrumento coyuntural que posibilita ajustes de plantilla sin, en principio, poner en riesgo la propia pervivencia de los contratos de trabajo. En este sentido, se ha modificado el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, añadiéndose un nuevo apartado 2 al mismo, del siguiente tenor literal: “ La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.” Entre los requisitos y condiciones que afectan a las empresas que decidan reducir temporalmente la jornada de trabajo, por alguna de las causas indicadas, así como a los trabajadores afectados por la reducción, se pueden concretar las siguientes:
Todos los litigios laborales irán a los Juzgados de lo Social
Esta reagrupación reforzará “la seguridad jurídica y la confianza en nuestro sistema de derecho”, cuestiones que consideró “ fundamentales” en el proceso de recuperación de la economía. Por otra parte, conllevará la simplificación de trámites, ahorrará costes a empresas y ciudadanos y dará una respuesta más ágil a los ciudadanos, al tiempo que evitará que se produzcan dudas interpretativas acerca de qué juez es competente y pondrá fin a situaciones de incertidumbre “favoreciendo un tratamiento homogéneo por parte de los jueces”.
Hasta 60.000 € de multa por no poner los e-mails en copia oculta
A la inmobiliaria S. R., por ejemplo, felicitar la Navidad por e-mail a todos sus contactos le costó 3.000 euros, según la resolución dictada en febrero pasado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El correo se envió a casi 4.000 destinatarios y todas sus direcciones eran visibles para el resto de receptores. Uno de ellos denunció el caso a la AEPD y ésta le dió la razón porque se había vulnerado el “deber de secreto” contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Desde la AEPD recuerdan que en su memoria del año 2007 ya recomendaban “la utilización de garantías de confidencialidad de los destinatarios en el envío de correos electrónicos” por la protección legal que existe sobre los datos personales y porque no hacerlo favorece el spam. Introduciendo los correos electrónicos en el campo de copia oculta (CCO en español y BCC si se utiliza un programa en inglés) se evita que los destinatarios sepan a quien se ha enviado el mensaje, mientras que las direcciones incluidas en los campos Para y CC son visibles para todas las personas que reciban el e-mail. Pese a considerarse en la mayoría de los casos infracciones leves, las sanciones por revelar estos datos podrían llegar a los 60.000 euros, si bien lo más habitual en estos casos es aplicar la multa mínima de 600 euros obligada por la ley. En su guía de recomendaciones de uso de Internet, la agencia recuerda que “la inclusión de datos en directorios de personas accesibles al público en Internet, sin las adecuadas medidas de seguridad, supone exponer a los usuarios a que sus datos puedan ser recopilados sin su conocimiento y utilizados para otros fines”.
Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos QUÉ PROTEGE Y A QUIEN Objeto de la protección. Protección para los trabajadores autónomos que hubieren cesado temporal o definitivamente en su actividad económica o profesional. Ámbito subjetivo de protección. Alcanza a los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia que tengan cubierta las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Acción protectora. Incluye las prestaciones siguientes:
REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección
Incompatibilidades
SITUACIÓN LEGAL DE CESE DE ACTIVIDAD • Concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.
• Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional. • Por pérdida de la licencia administrativa. • La violencia de género. • Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona que se ha separado. • Trabajadores autónomos económicamente dependientes que cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:
En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
DURACIÓN Y CUANTIA DE LA PRESTACIÓN Duración de la prestación económica La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización con arreglo a la siguiente escala: Periodo de cotización (meses)-Periodo de protección (meses):
La duración de la prestación por cese de actividades de los trabajadores a partir de 60 años, tienen una escala diferente. El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado el derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento siempre que hubieren transcurrido doce meses desde la extinción del derecho anterior. Cuantía de la prestación económica por cese de actividad La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. La cuantía de la prestación, durante toda su periodo de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70%. BASE DE COTIZACIÓN La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de cotización del Autónomo que hubiere elegido como propia. El tipo de cotización aplicable a la protección por cese de actividad será del 2,2% aplicable a la base determinada en el apartado anterior. El tipo de cotización aplicable para mantener la sostenibilidad financiera de la protección por cese de actividad se fijará anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores autónomos que se hayan acogido al sistema de protección por cese en la actividad tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes. Julio 2010 EL CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN LA REFORMA LABORAL
Límite de edad. Se podrán celebrar este tipo de contratos con trabajadores menores de 25 años. Retribuciones. Durante el primer año, tendrá derecho a la retribución fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el segundo año, en ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional, con independencia del tiempo dedicado a la formación teórica. Cotización a la Seguridad Social. En esta materia, el coste total de la cuota patronal de un contrato formativo ha pasado de los hasta ahora 37,45 € a 78,09 €. Este coste adicional será aplicado, en los contratos vigentes, para las sucesivas prórrogas que pudieran concertarse sobre los mismos. Bonificaciones. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor (18 de junio de 2010) y hasta el 31 de diciembre de 2011, celebren contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación del cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, Fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos. Las bonificaciones anteriores serán aplicables, también, a los contratos concertados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, cuando sean prorrogados entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2011, durante toda la vigencia de dichas prórrogas. Es importante destacar que, para tener derecho a estos incentivos, el contrato para la formación deberá suponer incremento de plantilla de la empresa. Prestación por desempleo. A la extinción de los contratos, o las prórrogas, celebrados después de esta reforma los trabajadores tendrán derecho al acceso a las prestaciones por desempleo, en las mismas condiciones que el resto, cualquier que sea el tipo de contrato de trabajo suscrito.
Pagas de verano y navidad prorrateadas
El trabajador pactó en su contrato de trabajo una cantidad bruta anual como salario, indicándose en una de las cláusulas que las pagas extraordinarias se abonarían de modo prorrateado. Tras dejar la empresa de manera voluntaria, el trabajador reclamó el pago de las dos pagas extraordinarias del año anterior, la que suele abonarse en verano y la de Navidad, por entender que se había vulnerado lo dispuesto en el convenio colectivo. Desenlace El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2010 , ha resuelto el asunto dando la razón a la empresa, toda vez que el convenio colectivo, aunque fijaba que las pagas extraordinarias vencían en el mes de julio y en Navidad, no prohibía su abono de forma prorrateada ni disponía que si se abonaban prorrateadas fueran consideradas como salario ordinario, como pretendía el trabajador. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores permite que por convenio, ya sea colectivo o individual, las partes pacten el prorrateo de las pagas extraordinarias, de tal forma que la licitud de ese pacto obliga a estar a él y a conceder valor liberatorio al pago prorrateado de estas pagas, que no quedan absorbidas en el salario ordinario y el complemento voluntario cobrado mensualmente por el trabajador. La situación sería la contraria si el convenio colectivo prohibiera expresamente el prorrateo de las pagas extraordinarias y señalase que efectuarlo no liberaría al empresario de su abono, en cuyo caso sería posible reclamar su pago de forma diferenciada.
Los contratados por obra o servicio podrán convertirse en fijos tras cuatro años
Los trabajadores con contratos por obra o servicio determinados podrán adquirir la condición de fijos en la empresa si dicho contrato supera los tres años de duración, ampliable hasta cuatro, si se acuerda en convenio colectivo. Según el decreto, los contratos de obra o servicio no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Estos convenios, incluidos los de empresa, podrán identificar los trabajos o tareas que puedan cubrirse con contratos de obra o servicio. El decreto también establece que pasarán a ser fijos los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas y con dos o más contratos temporales. En este caso, será la negociación colectiva la que establezca los requisitos para prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo. Respecto a la finalización del contrato temporal, se establece que la indemnización prevista se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario: ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2011. Nueve días por año trabajado para los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2012; diez días por año si es a partir del 1 de enero de 2013; once días desde el 1 de enero de 2014 y doce días a partir del 1 de enero de 2015
Hospitalización por parto de un familiar Permiso retribuido. Sentencia de 26 Mar. 2010, Audiencia Nacional, Sala de lo Social
Basta con la hospitalización para que se genere el derecho al permiso, sin ser precisa enfermedad más o menos grave de la mujer parturienta. El legislador, no limita los permisos con ocasión del parto a los que disfruta el padre que tiene un hijo, porque el padre puede faltar o estar ausente y esa falta no libera a la mujer que da a luz de necesitar la ayuda de un familiar próximo.
Demanda por un cambio de funciones tras la baja por maternidad
La empleada era secretaria de dirección del más alto nivel de la compañía: presidente, consejo de administración y directores generales. Tras disfrutar de la baja por maternidad, se incorporó al trabajo y solicitó la reducción de su jornada laboral. La empresa se la concedió a la vez que le informó de la decisión de destinarla a otro puesto, como asistente de los responsables de división, por diversas causas como la disponibilidad permanente que exigía su puesto anterior, la presencia permanente para mantener la fluidez en las relaciones y la imagen pública con los clientes, así como la atención a llamadas procedentes de Estados Unidos por las tardes. El Tribunal Superior de Justicia que resolvió la contienda no compartió la postura de la empleada y consideró que había argumentos objetivos que justificaban la decisión empresarial, sin que hubiera alegado o probado un trato peyorativo en la percepción de retribuciones, su ubicación en el organigrama o en lo relativo a reducción de jornada, de modo que no se le generaba un perjuicio. El tribunal concluyó, citando una sentencia del Constitucional, que una variación de funciones en la que no concurre trato peyorativo en las condiciones de trabajo o una limitación o quebranto de los derechos o expectativas económicas o profesionales, no da lugar a un incumplimiento laboral. Tampoco la motivación empresarial de represalia alegada por la trabajadora puede llevar a una solución acorde con sus pretensiones en este caso, de conformidad con la doctrina sobre distribución de la carga de la prueba. Aunque se considerara un indicio de represalia la diferencia entre las funciones desempeñadas antes y después de la reducción de jornada por parte de la empleada, la empresa ha demostrado en este pleito que no ha actuado con el ánimo de causar un menoscabo laboral a la demandante basado en haber ejercido su derecho a la reducción de jornada. El tribunal consideró probada la existencia de razones de carácter organizativo.
El uso inadecuado del móvil puede ser motivo de despido
El Tribunal considera que los hechos que se imputaron a la empleada –que realizó múltiples llamadas a teléfonos con prefijo 905– merecen “sin duda alguna la calificación disciplinaria efectuada por la empresa”. Sin embargo, confirma la decisión del juzgado de instancia de calificar el despido como improcedente pues un fallo en los controles administrativos internos de la compañía provocó que ésta no detectara a tiempo la conducta irregular de la trabajadora. La resolución del TSJ, dictada por la Sala Social, es un claro aviso a navegantes, especialmente, para las grandes empresas en las que la complejidad de su organización puede provocar estos fallos en la vigilancia de los recursos que ponen a disposición de sus trabajadores. De hecho, tal y como ha ocurrido en el caso de autos, no revisar el contenido de las facturas a tiempo es lo que ha motivado la calificación del despido como improcedente.
Obligación de remitir el certificado de empresa por Internet
La obligación incumbe, como empleadores, a cualquier empresa que tengan contratados a trabajadores, cuando finalicen o se suspenda o reduzca su relación laboral, y les comuniquen que van a solicitar las prestaciones por desempleo. El único sistema válido para la remisión vía Internet de los datos del certificado de empresa es la aplicación certific@2. El envío del certificado por parte de los sujetos obligados se hará en el momento en el que se produzca el cese, suspensión o reducción de la relación laboral cuando el trabajador haya manifestado con anterioridad al empresario su voluntad de solicitar las prestaciones por desempleo , o al día siguiente a aquel en que el trabajador solicite de forma expresa el certificado al empresario, si lo hace posteriormente. Los plazos establecidos por la Orden para incorporarse al sistema certific@2 de envío del certificado de empresa son los siguientes (art. 5):
La remisión al SPEE del certificado de empresa a través de certific@2 supone el cumplimiento por parte del empresario de la obligación de facilitar a los trabajadores dicho certificado a efectos de la tramitación de las prestaciones por desempleo.
Cómo gestionar los impagados (y no morir en el intento)
Así, las empresas deberán pagar las facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011, en un plazo 75 días en 2012 y de 60 días, definitivamente, desde 2013, año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la nueva norma no garantiza el cobro: si éste no se produce, comienza el consabido vía crucis judicial en el que al final quien siempre pierde es el demandante, si no el dinero sí el tiempo. Una buena gestión de impagados puede ahorrar muchos disgustos. Revise su organización Quizás la manera más fácil de ver por qué una empresa no le paga a tiempo sea echar un vistazo a su propia organización. Estudie qué dificultades pueden darse que le obligarían a no cumplir sus compromisos, detecte los fallos y las necesidades, y después de haber interiorizado el problema hable con el cliente. Si quien llama reclamando un pago es un empleado, las posibilidades son menores que si quien contacta es el propio empresario, ofreciendo soluciones y ayuda. No olvide que un mal pagador hoy puede seguir siendo un buen cliente mañana, si remonta el bache. Si el volumen de impagados empieza a ser demasiado alto, quizás debería revisar sus fórmulas de contratación. Infórmese Una de las modificaciones más llamativas, de cara a la galería, que incluiría la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales sería, sin duda, la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición –a punto de rubricarse– supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa. De momento, en internet encontrará numerosas empresas de informes comerciales (e-informa, axesor…) que pueden suministrar información útil sobre la solvencia de un cliente o una empresa. En determinados casos, puede merecer la pena encargar uno de esos informes y conocer la situación patrimonial del deudor. Póngaselo fácil Ofrézcale la posibilidad de realizar pagarés, letras o incluso pagar con tarjeta visa, fórmula esta que numerosas empresas están empezando a utilizar para poder retrasar y fraccionar los gastos. Lo importante es que usted tenga el dinero en mano para poder atender sus compromisos. Siga las facturas desde el primer día Si espera a que una factura se conviertan en impagado, sus posibilidades de cobro descienden exponencialmente. Un buen programa de software le ayudará a mantener un control adecuado sobre plazos y fechas de vencimiento. Dado que la mayoría de las empresas atraviesan un mal período con dificultades de liquidez, quizás sea sensato contactar antes del vencimiento abriéndoles la posibilidad de realizar letras o pagarés.
Hacienda incrementa los deberes de los socios en operaciones vinculadas
La consulta atañe a un accionista de una entidad que es titular del 15% de las acciones y pretende transmitirlas a la propia sociedad, con lo que pierde la condición de socio al transmitir todos los valores que posee. La DGT basa toda su argumentación en el artículo 16.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, que establece quiénes son personas o entidades vinculadas en hasta doce supuestos. El que se aplica al caso es el primero, que alude a “una entidad y sus socios o partícipes”. A continuación, la TRLIS detalla los demás supuestos que atañen a relaciones de parentesco, grupos, consejeros o administradores, entidades participadas indirectamente en, al menos, el 25% del capital social o de los fondos propios, entidades residentes y no residentes y sus establecimientos permanentes en el extranjero, y sociedades cooperativas. La DGT contradice su postura en los casos en los que el comprador no tiene el porcentaje límite Tributos recuerda respecto al caso por el que se le pregunta que “en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5%, o al 1% si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado”. Asimismo, la DGT destaca que “existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas”. Dicho lo cual, la consulta concluye: “De acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 16.3 del TRLIS, y dado que el socio posee más del 5% del capital, la transmisión de las acciones a la sociedad de la que es accionista tiene la consideración de operación vinculada, aunque después de la transmisión deje de tener la condición de socio”. A la espera de que se cree jurisprudencia sobre operaciones vinculadas y mientras crecen las voces que piden al Gobierno que reforme el marco de precios de transferencia, las empresas no tienen claro cómo actuar en supuestos como el que trata esta consulta. Todo ello, cuando la DGT contraviene en ella la postura que ha mantenido en los casos en los que antes de la adquisición de las acciones el comprador no tiene el porcentaje límite, el 5%, en los que la Agencia Tributaria demanda la valoración a precios de mercado si en la citada transacción se adquiere el porcentaje mínimo. Cuando se ha cumplido un año –el pasado 19 de febrero– de la entrada en vigor del Real Decreto 1.793/2008, que introdujo las obligaciones de documentación, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado un documento de propuesta de reforma del marco. De momento, se han sumado plataformas de pymes y la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Administraciones y partidos políticos lo tienen sobre la mesa. Entre otras muchas cuestiones, Aedaf considera “erróneo implantar un régimen uniforme para todo tipo de operaciones: las internas y las transnacionales y para todo tipo de grupos empresariales, con independencia de su tamaño (con ciertas excepciones de poco alcance) pero también de la cuantía del riesgo recaudatorio que su posible incumplimiento puede causar a la Hacienda Pública”. La Audiencia Nacional frena a la Inspección La Audiencia Nacional ya ha hecho oír su voz sobre las operaciones vinculadas y ha frenado los excesos de la Inspección en vinculadas y rebajó la valoración efectuada por el inspector pues, habiendo escogido el método del precio libre de mercado, no cumplió con la exigencia de atemperar los datos para que éstos se ajustaran a la realidad. De esta forma, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia recrimina al Fisco no haber tenido en cuenta las particularidades de la operación que analizó. La sentencia no cuestiona el sistema utilizado por la Inspección, pero estima que no está exento de dificultad y advierte de que “exige un alto grado de comparabilidad entre las operaciones que se toman como parámetro”. Junio 2010 Sin empleo, nuestra economía se para
Si la crisis económica nos ha llevado a fomentar el ahorro y éste conlleva, necesariamente, la reducción del gasto y, por tanto, del consumo, la falta de demanda de bienes de consumo obliga a las empresas a la reducción de su producción, con la consiguiente caída en la demanda de materias primas. Nos dicen que la reducción del gasto público puede condicionar el crecimiento, pero el incremento del endeudamiento solo es considerado prudente cuando hay perspectivas de disponer de unos ingresos suficientes. Volvemos pues a los ingresos. Sin salarios no hay pago de impuestos ni consumo. Sin impuestos no hay inversión pública ni prestaciones sociales y sin consumo no hay producción industrial y empleo. Sin empleo, nuestra economía se para. Ha llegado el momento de exigir medidas de fomento efectivo del empleo. Estamos en una situación de emergencia nacional. Las prestaciones sociales no disponen de fondos infinitos y éstos solo se nutren de los impuestos. Llevamos dos años de “dialogo social” sin resultados. A quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones le es exigible que las tome. Y las únicas decisiones que caben son las que generen empleo, cualquier empleo. La calidad en el empleo es un lujo que, hoy, no nos podemos permitir.
El ICO abre la línea de crédito directo a pymes
A través de esta línea, las empresas, que deberán tener como mínimo un año de antigüedad, podrán solicitar préstamos de hasta 200.000 euros para el pago de inversiones productivas, nóminas o gasto corriente. La principal novedad de estos préstamos es que el ICO asume por completo el riesgo de la operación, mientras que en el resto de líneas, la responsabilidad es compartida con las entidades financieras.
PROPUESTA DE REFORMAS PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO Se proponen reformas de la normativa laboral en las siguientes materias: MEDIDAS PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS Contratos de obra o servicio Se limita su utilización de tal forma que no podrán tener una duración superior a veinticuatro meses, ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo. Transcurridos dichos plazos, los trabajadores pasarían a ser fijos en la empresa. Indemnización fin de contrato Por terminación del tiempo convenido o de la realización de la obra o servicio objeto del contrato, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización de 12 días por año de servicio. DESPIDO COLECTIVO Se entiende que concurren causas económicas cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas no meramente coyunturales. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar objetiva y documentalmente los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva. DESPIDO OBJETIVO Se reduce el periodo de preaviso a quince días. CONTRATOS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Este tipo de contrato podrá celebrarse con trabajadores incluidos en uno de los siguientes grupos:
Transformación de contratos temporales, en vigor a en el momento de la reforma, en indefinidos antes del 31 de diciembre de 2010. Transformación de contratos temporales, de menos de seis meses de duración y celebrados después de la reforma, en indefinidos antes del 31 de diciembre de 2011. Cuando este tipo de contratos se extinga por causas objetivas y se reconozca su improcedencia, la cuantía de la indemnización será de 33 días de salario por año de servicios, con un máximo de 24 mensualidades. Quedarán excluidos de la celebración de este tipo de contratos las empresas que hayan extinguido contratos de trabajo por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo en los doce meses anteriores. Fondo de Garantía Salarial Será responsable del pago de una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio como parte de la indemnización que corresponda al trabajador que, contratado mediante los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, haya sido despedido de forma colectiva o por causas objetivas. Nuevo Fondo de capitalización En el plazo de un año se constituirá un Fondo que el trabajador podrá rescatar en supuestos de despido, y que se podrá mantener durante toda la vida laboral, incluso aunque se cambie de empresa. Otras medidas
La bonificación de cuotas durante los periodos de suspensión de contratos o reducción temporal de jornada, en los procesos de regulación de empleo, será ampliado hasta el 80 por ciento, cuando la empresa incluya acciones formativas durante el periodo de suspensión o reducción, cuyo objeto sea aumentar la polivalencia del trabajador o incrementar su empleabilidad. Los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de las prestaciones por desempleo hasta en 180 días de los consumidos durante el periodo de regulación de empleo. Medidas para favorecer la contratación de jóvenes y parados. Bonificaciones a la contratación indefinida, cuando supongan incremento de plantilla:
Bonificación de contratos para la formación
Contratos en prácticas
Nueva regulación de las Agencias de colocación privadas. Reforma de la contratación de las Empresas de Trabajo Temporal.
La IT previa a las vacaciones no limita el derecho a ellas
Tribunal Supremo, Sentencia de 27 abril 2010. La cuestión esencial que plantea la sentencia se refiere a la determinación de un nuevo período de vacaciones, diferente del fijado inicialmente por acuerdo colectivo o pacto individual, debido a la coincidencia del período fijado con días de incapacidad temporal originada con anterioridad. La modificación de la doctrina del Tribunal Supremo, atendiendo a la interpretación aplicada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha consolidado una nueva línea jurisprudencial por la que: "....la situación de incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, no puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa. Y es conveniente señalar, al respecto, que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al período vacacional y que impide el disfrute de éste en la fecha preestablecida en el calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último caso....necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el correspondiente al disfrute de la vacación anual".
Medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. En la misma se establece como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3 por ciento del Producto Interior Bruto. Asimismo, también se aprobaron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 como instrumentos para alcanzar dicho objetivo. El Plan de Acción Inmediata 2010 supuso un acuerdo de no disponibilidad de 5 mil millones de euros que afectó a todos los Ministerios y una reducción de la oferta pública de empleo, estableciendo una tasa de reposición del 10% de las vacantes. Igualmente se aprobó un marzo un plan de racionalización del gasto farmacéutico Sin embargo, la evolución de la coyuntura económica, así como los compromisos adoptados por nuestro país en el ámbito de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona, hacen necesario anticipar algunas de las medidas previstas en dichos escenarios con la finalidad de acelerar la senda de consolidación fiscal, restableciendo de esta manera la confianza de los mercados en el cumplimiento de las perspectivas de reducción del déficit. De acuerdo con esta necesidad, el referido Real Decreto-ley ha recogido una serie de medidas de ajuste que tratarían de distribuir, de la forma más equitativa posible, el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre las medidas adoptadas están las siguientes:
Novedades de la Orden de Desarrollo Plazo de presentación. La disposición transitoria segunda amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2010. Valores límite de los índices de siniestralidad general y extrema. Quedan establecidos en el ANEXO II y están referenciados a los códigos CNAE de la tarifa de primas para la cotización por AT y EP. Requisitos. El artículo 3 incorpora las siguientes novedades:
Presentación y tramitación de la solicitudes. El artículo 4 incorpora las siguientes novedades:
Publicada la orden de módulos que ajusta la rebaja del IVA
Esta modificación de las cuotas de IVA a pagar junto con los porcentajes mínimos de tributación por las operaciones corrientes ya ha sido ajustada y la verdad es que es un ajuste importante el que se ha llevado a cabo. Esta nueva tabla de tipos de IVA aplicables estará vigente desde el 14 de abril al 30 de junio, dado que a partir del 1 de julio, todos los parámetros de los módulos del IVA tienen que volver a rectificarse. En este sentido, el software para el cálculo de módulos requerirá varias actualizaciones en el año, tal y como comentamos cuando la AEAT puso a nuestra disposición el software para el cálculo de los módulos. Comprobando algunos epígrafes, la reducción en los criterios de cómputo de IVA devengado es muy importante y también se ha modificado sustancialmente el tipo mínimo de cuota devengada, reduciéndose en un 10% de media
¿Cómo le afecta la inminente subida del IVA?
Estas preguntas se antojan claves si se tiene en cuenta que las arcas estatales conseguirán ingresar, según las estimaciones del Gobierno, 5.150 millones de euros al año, con los que se pretende reducir un déficit público, que actualmente supera los 100.000 millones. ¿Quién pagará la subida del IVA? Aunque en distinto grado, todos. Tanto consumidores –independientemente de su nivel de renta– como empresarios pagarán el incremento impositivo. El Ministerio de Economía considera que la subida se trasladará “sólo” en un 50% a los precios de venta al público. Por lo tanto, la otra mitad la pagaría el empresario. Tributos ya ha aclarado que las empresas de arrendamientos, suministros o prestación de servicios que emitan facturas a día de hoy, pero no sean exigibles o pagaderas hasta después del 30 de junio, deberán ya expedir las mismas con el tipo actualizado. ¿Bajará algún tipo? Sí, aunque sólo para determinadas actividades. El Gobierno ha decidido rebajar el IVA a aquellos autónomos que rehabiliten viviendas. Fontaneros, carpinteros o albañiles disfrutan ya desde este mismo mes de una reducción en el tipo general del 16%, que pasa al 7% y que desde el 1 de julio quedará fijado en el 8%, como el resto de productos y servicios gravados con este IVA reducido. De igual modo, el Ministerio de Economía incluirá, entre las actividades que tributan con un impuesto superreducido del 4%, a todas aquellas ligadas a los servicios de atención a la dependencia, prestadas por entidades con ánimo de lucro, siempre que sea para plazas concertadas. ¿Es recomendable comprar una vivienda antes de que suba? El Gobierno insiste en que el mercado “no se verá afectado” por la subida impositiva. Pero lo cierto es que adquirir un piso de nueva construcción a partir del 1 de julio resultará más caro. El IVA que regula estas transacciones pasará del 7% al 8%. Aunque si se quiere adquirir una vivienda de segunda mano, existirá cierta ventaja fiscal. El Impuesto de Transmisión de Patrimonio (ITP) es el encargado de gravar este tipo de adquisiciones y en la actualidad tributa al 7%. Algunas comunidades autónomas, como Cantabria, lo subirán un punto a partir de julio para equipararlo al resto. En el caso de las viviendas protegidas, el tributo continuará fijado en el 4%. ¿Y qué pasa con los coches? Concesionarios y fabricantes coinciden en que el aumento de la presión fiscal dilapidará la mejora de las ventas conseguida por el Plan 2000E. Según los cálculos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), los españoles pagarán una media de 420 euros más a la hora de adquirir un coche de gama media, valorado en 21.000 euros. ¿Afectará a los paquetes turísticos y la hostelería? El régimen tributario del sector turístico diferencia entre las empresas que prestan los principales servicios (alojamiento, transportes, restaurantes, cultura o deporte), y que se gravarán con el 8% a partir de julio, y las que ofrecen otros productos, como alquiler de vehículos, organizadoras de eventos o agencias de viajes, que pasarán del 16% al 18%. Precisamente los servicios de intermediario que realizan estas últimas, entre los touroperadores y los clientes, y que aglutinan casi la mitad de las operaciones, no se verán afectados, ya que estos contratos se cierran con seis u ocho meses de antelación. No correrán la misma suerte las empresas y servicios hoteleros y de ocio, que sí podrían incrementar sus precios repercutiendo directamente en el bolsillo de sus clientes. ¿Se resentirán las facturas de la luz, el gas o el teléfono? En principio, todas las empresas que prestan este tipo de servicios cargarán íntegramente la subida a los usuarios. Según la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo, el incremento se hará notar en todos los productos y, en el caso de las bombonas de butano, el precio crecerá unos 20 céntimos. Además, los carburantes también se encarecerán por el estrecho margen de beneficio al que se atan las gasolineras, y que ronda el 4%. Por tanto, los conductores verán a partir de julio como el precio por litro aumentará por el alza impositiva, además de por la marcha del barril de petróleo, que en los últimos meses sigue una carrera imparable. Por su parte, las eléctricas y los principales operadores de telecomunicaciones también aplicarán a los usuarios el alza de dos puntos. ¿Es oportuno adelantar la compra de vestido y calzado? Las grandes cadenas de ropa, han anunciado que no trasladarán la subida a sus clientes. Además, el incremento impositivo coincidirá con el inicio del período de rebajas, por lo que los consumidores no notarán la diferencia gracias a los importantes descuentos.
En este ámbito, los trastornos más notables están motivados por la inevitable coexistencia simultánea de los dos porcentajes durante un período de transición, siendo las siguientes las situaciones más frecuentes:
Mayo 2010
No tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital (mobiliario o inmobiliario), de actividades económicas y ganancias patrimoniales, sujetas o no a retención, cuando la suma de todos ellos no exceda de 1.000 € anuales y pérdidas patrimoniales inferiores a 500 €. No obstante, deben presentar declaración quienes quieran beneficiarse de la aplicación de las siguientes deducciones o reducciones:
A pesar de las facilidades para la presentación de la Declaración sobre la Renta puestas en marcha por la Agencia Tributaria, en caso de duda consulte a un profesional.
Medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo
MEDIDAS FISCALES Y TRIBUTARIAS
ESTÍMULOS PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
APOYO A PYMES
PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS
MEDIDAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y FINANCIERO
Las constructoras, obligadas a tener el 30% de sus trabajadores con contrato fijo
Esta normativa obliga a las empresas que operan en el sector a contar con un mínimo de empleo fijo y estable, según recuerda la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT). En concreto, la ley (que fue aprobada en 2006) establece un porcentaje del 10% de fijos sobre la plantilla total durante los 18 primeros meses de vigencia de la norma, y que después ampliaría hasta el 20%, y finalmente hasta el 30% a los 36 meses de la entrada en vigor, plazo éste que se cumplió el día 20 de abril. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos que debe tener una empresa? Las empresas que habitualmente realizan trabajos en el sector de la construcción debían contar con el siguiente porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido:
¿Qué empresas deben cumplir el requisito de estabilidad en el empleo? El requisito de estabilidad en el empleo se exigirá en la proyectada norma reglamentaria a las empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Las subidas salariales pactadas en convenio son válidas aunque baje el IPC
Señala el Alto Tribunal, que la falta de publicación formal por el Gobierno de la previsión del IPC (excusa en la que se basaban las distintas patronales, incluida la nuestra) no puede conducir a la inaplicación de los pactos de revisión salarial, por cuanto existe una previsión real, contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la revalorización de las pensiones del estado que equivalen al reconocimiento implícito de una previsión real por parte del Gobierno sobre el incremento del IPC. NUEVOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN DE APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
El alcance de ésta estriba en la simplificación de los trámites a realizar ante la autoridad laboral, sin variar el régimen de responsabilidades existente, pues la obligación de comunicar la apertura de un centro de trabajo por el contratista queda reforzada por la responsabilidad del promotor, quien debe velar por el cumplimiento de la misma. La comunicación de apertura o de reanudación de la actividad se cumplimentará por el empresario, previamente o dentro de los 30 días siguientes al hecho que lo motiva, cualquiera que sea la actividad que realice. En las obras de construcción, dicha comunicación deberá ser previa al comienzo de los trabajos y deberá exponerse en la obra en lugar visible. Asimismo el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha obligación, ya que además éstos deberán adjuntar el Plan de Seguridad y Salud cuando el mismo sea exigible o la correspondiente evaluación de riesgos. La entrada en vigor de esta orden será, para las comunicaciones de apertura en general, a los 30 días de su publicación en el BOE; mientras que para las de construcción será el día siguiente al de su publicación en el BOE. Las comunicaciones de apertura de obras de construcción efectuadas entre el 24 de marzo de 2010 y la fecha de entrada en vigor de esta orden, deberán ser actualizadas conforme al nuevo modelo oficial antes del 15 de junio de 2010. Los contratistas en obras de construcción que a la fecha de la entrada en vigor de esta orden realizara trabajos en obras que tuvieran asignado número de aviso previo, sólo deberán cumplimentar el nuevo modelo oficial cuando deban comunicar alguna variación con el fin de mantener actualizada la comunicación de apertura, consignando en el mismo el número de aviso previo de la obra en la casilla correspondiente al número de expediente.
CAMBIOS OPERADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se pretende así, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, de una parte muy significativa de las medidas contempladas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y se adapta la normativa reglamentaria en materia de prevención de riesgos, a las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, más conocida como Ley Ómnibus, con la finalidad de implementar básicamente dos objetivos: a).- Facilitar a las empresas, en especial a las PYMES, el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, sin merma de los niveles de protección de los trabajadores. b).- Potenciar la mejora de la calidad y eficacia de los servicios de prevención para poner en valor la actuación de los mismos al definir mejor y de modo más completo la índole de las actividades preventivas que deben desplegar hacia empresas y trabajadores. PRINCIPALES MODIFICACIONES • Aperturas centros de trabajo en construcción: En las obras de construcción, a partir del 24-3-2010 la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debe ser presentada por los empresarios que tengan la condición de contratistas, con carácter previo al comienzo de los trabajos y debe incluir el plan de seguridad y salud. • Simplificación de la prevención para las empresas de menos de 50 trabajadores, que no sean de anexo I: Se reduce a un único documento la planificación preventiva que englobe el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. • Asunción de la prevención de forma personal por el empresario : Se amplía para las empresas de hasta 10 trabajadores (antes eran de 6). • Comités de Seguridad y Salud Laboral : En concordancia con la modificación de la LPRL por la Ley 25/2009, (en concreto de su artículo 39.1 a) se prevé que las empresas tengan a su disposición la memoria y la programación anual • Requisitos de los SPA: Para su acreditación se les exige más ratios que antes, ya que se dejaba más a la discrecionalidad de la autoridad laboral, estableciéndose una acreditación única y eliminándose el trámite de acreditación provisional. • Concierto de prevención : Cuando la empresa concierte con un SPA el desarrollo de la actividad preventiva debe hacerlo por escrito, debiendo incluir obligatoriamente una serie de aspectos en dicho concierto. De esta forma se garantiza a las empresas y los trabajadores la cobertura que dicha entidad debe prestarles. Los conciertos actualmente en vigor tienen que adaptarse antes de 1/09/2010 . • Modificación de la regulación de los Servicios de Prevención Mancomunados :
• Auditorías de los SP : Las empresas de hasta 50 trabajadores que no realicen actividades clasificadas como especialmente peligrosas y que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios, pueden realizar una auditoría simplificada. También se contempla la ampliación del plazo de revisión de la auditoría en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa. • Formación para la actividad preventiva: Para desempeñar las funciones de nivel superior es necesario contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad. Desaparece la posibilidad de acreditar dicha formación sin efectos académicos a través de una certificación expedida por una entidad con capacidad para desarrollar actividades formativas. • Subcontratación en el sector de la Construcción: Se modifica el modo de computar, en las cooperativas de trabajo asociado, el porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido cuando se trate de empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en obras del sector de la construcción. • Guias: El INSHT elaborará una guía no vinculante para la elaboración del documento único para las empresas de menos de 50 trabajadores y anexo.
Actuaciones de control y verificación de las compensaciones en los documentos de cotización por pago delegado
Por tal motivo y de conformidad con las facultades conferidas, la Secretaría de Estado ha resuelto dictar unas instrucciones que afectan tanto a las empresas como a la propia Mutua, y que pasamos a resumirte:
Finalmente, esta Resolución también marca que en el plazo de 30 días desde su publicación, o sea, antes del 22 de mayo , las Mutuas remitirán a la Tesorería General de la Seguridad Social el historial de diferencias existentes por compensaciones indebidas o inexactas de sus empresas asociadas que deban ser reintegradas.
SISTEMA DE REDUCCION DE LAS COTIZACIONES POR CONTINGENCIA PROFESIONAL (404/2010, de 31 de marzo) (2ª PARTE) ¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder al bonus? Los requisitos son distintos dependiendo del tipo de empresa:
Requisitos comunes a ambos tipos de empresa para la solicitud • Haber realizado inversiones, documentadas y cuantitativas en instalaciones, procesos o equipos de prevención para disminuir los riesgos.
Requisitos específicos empresa beneficiaria para la solicitud
Requisitos específicos pequeña empresa beneficiaria para la solicitud Haber alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales superior a 250 euros. Haber realizado, al menos, una de las siguientes acciones:
¿Cómo sé que no sobrepaso los límites de la siniestralidad? Límites de siniestralidad para la concesión del incentivo: • Son fijados anualmente por el Ministerio de Trabajo e Inmigración • Los valores dependen de cada rama de actividad económica (CNAE). • En 2010 se emitirá una Orden Ministerial con los valores a aplicar en el ejercicio 2009. ¿Cómo calcular la siniestralidad de mi empresa? Solicitando la información a la mutua que puede facilitarle los índices orientativos. Abril 2010
Pueden pedir el borrador los contribuyentes cuyas rentas procedan solo de rendimientos del trabajo; rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o a ingreso a cuenta o derivados de letras del Tesoro; imputación de rentas inmobiliarias; ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, y subvenciones para adquirir vivienda habitual. No es necesario que pidan el borrador los que ya lo solicitaran el pasado año. Calendario La confirmación o suscripción del borrador remitido por la Agencia Tributaria podrá efectuarse, cualquiera que sea su resultado a ingresar, a devolver o negativo, o la vía utilizada para su confirmación o suscripción, a partir del día 5 de abril y hasta el próximo día 30 de junio. Sin embargo, en el supuesto de que el resultado del borrador tenga una cantidad a ingresar y su pago se domicilie, su confirmación o suscripción no podrá realizarse con posterioridad al 25 de junio. El plazo de presentación de la declaración de la renta, cualquiera que sea su resultado, es el comprendido entre 3 de mayo y 30 de junio
SISTEMA DE REDUCCION DE LAS COTIZACIONES POR CONTINGENCIA PROFESIONAL ¿Qué es un sistema de reducción de las Cotizaciones por Contingencia Profesional? Es un sistema de incentivos, bonus, para las empresas que hayan contribuido eficazmente, con inversiones cuantificables en prevención de riesgos laborales, a la reducción de la siniestralidad. Se puede solicitar el pago del bonus cada año, basándose en la baja siniestralidad registrada en un periodo anterior al año de solicitud, denominado periodo de observación, que puede abarcar hasta un máximo de 4 años naturales. En el ejercicio 2010 el periodo de observación se iniciará el 1 de enero de 2009. ¿Quién puede optar al bonus? Todas las empresas que lo soliciten y reúnan los requisitos establecidos en la normativa. ¿Qué se considera “empresa” para optar al bonus? Es el conjunto de todos los Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) que corresponden a la misma y que tengan el mismo código de actividad a efectos de cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Me puedo beneficiar de estos incentivos? El sistema de incentivos diferencia 2 tipos de beneficiarios: 1. Empresa beneficiaria Empresas que hayan alcanzado un volumen total de cotización por Contingencias Profesionales superior a 5.000€ en un periodo denominado “periodo de observación”, que cumple los siguientes requisitos:
2. Pequeña empresa beneficiaria • En el periodo de observación máximo de 4 ejercicios no hayan superado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 5.000€. • Hayan alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 250€ en el citado periodo de observación de 4 ejercicios. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder al bonus? Con respecto a los requisitos que hay que cumplir para acceder al bonus, les informaremos en nuestro próximo boletín.
Las subidas salariales pactadas en convenio son válidas aunque baje el IPC
Señala el Alto Tribunal, que la falta de publicación formal por el Gobierno de la previsión del IPC (excusa en la que se basaban las distintas patronales, incluida la nuestra) no puede conducir a la inaplicación de los pactos de revisión salarial, por cuanto existe una previsión real, contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la revalorización de las pensiones del estado que equivalen al reconocimiento implícito de una previsión real por parte del Gobierno sobre el incremento del IPC.
El despido de unos representantes sindicales por injurias a un directivo
Varios trabajadores constituyeron un sindicato. En uno de sus boletines mensuales publicaron una caricatura del director de recursos humanos y de dos compañeros en una actitud de claro componente sexual. Además, se hicieron eco de dos artículos en los que denunciaba, de forma ofensiva, la asistencia a un juicio en calidad de testigos de estos dos empleados. La empresa despidió a todos los profesionales involucrados en la edición de este boletín. Este órgano admitió a trámite el recurso y dictó una sentencia en la que, no obstante, de nuevo otorgó la razón a la empresa. Entiende este tribunal que el comportamiento de los trabajadores no estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y por tanto era sancionable y el despido proporcionado a los hechos. Reconoce expresamente que la libertad de expresión de los representantes sindicales puede derivar en un cierto malestar del empleador sin que ello justifique represalias, puesto que sin libertad de expresión, el sindicato se vería privado de su contenido y finalidad. Esto no supone que esta libertad tenga carácter absoluto, de modo que no pueda traspasar determinados límites. En este caso, estos límites no fueron respetados, pues la caricatura y los artículos no eran otra cosa que ataques personales, ofensivos, ultrajantes, gratuitos e innecesarios para la legítima defensa de sus intereses. Distinto sería si se hubieran verificado en el contexto de un intercambio oral, rápido y espontáneo, pero no era éste el supuesto, donde se apreciaba una clara premeditación. Sin embargo, un magistrado emitió un voto particular en el que señalaba que el despido fue desproporcionado, al ser el sindicato de nueva creación, lo que justificaba, en su opinión, cierto tipo de conductas en aras de conseguir notoriedad y favorecer su implantación.
El cálculo correcto de las indemnizaciones por despido
El trabajador se incorporó a la empresa a primeros de septiembre. Tras trece días de trabajo se dio de baja por incapacidad temporal. Permaneció en esta situación hasta mediados de marzo, fecha en la que se procedió a su despido. La compañía reconoció la improcedencia del cese y consignó la indemnización correspondiente en el juzgado. Pero el ex empleado demandó a su antiguo empleador señalando que estaba mal calculada. Este pronunciamiento fue recurrido por la compañía, que no estaba de acuerdo en tener que pagar salarios de tramitación por un error de sólo 88 euros. El Tribunal Superior al que llegó este asunto indicó en su sentencia su postura flexible en casos como el presente, pronunciándose reiteradamente en el sentido de admitir como válidas las situaciones en las que la diferencia entre lo que consignó en el juzgado y lo que debió realmente ser no es de especial relevancia y tan solo obedece a un mero error de cálculo o a la discusión sobre conceptos de naturaleza jurídica objetivamente dudosa y discutible. Según el tribunal, una interpretación excesivamente rigorista y cerrada del artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que sólo sería efectiva una consignación de total equivalencia con el importe de la indemnización y de los salarios de tramitación, supondría la inaplicación de la norma en la mayoría de las ocasiones, particularmente cuando el trabajador no quisiera zanjar la controversia en vía conciliatoria, para lo que bastaría su desacuerdo con el salario que sirve de módulo a la consignación. El criterio de la buena fe debe presidir el entendimiento y la aplicación del precepto, y cuando el empresario cometa un error de cálculo que pueda calificarse como excusable, deben aceptarse las consecuencias que el Estatuto de los Trabajadores hace derivar del ofrecimiento y la consignación. En este caso, el hecho de que el trabajador sólo trabajara trece días, así como que cobrara una cantidad variable el mes en que fue despedido justifican el error cometido por la empresa y por lo tanto no ocasionan el devengo de salarios de tramitación.
Prevención de riesgos en la empresa El Supremo limita la responsabilidad de la empresa en accidentes laborales
Así lo estima el Tribunal Supremo (TS), en Sala General, en una sentencia notificada el pasado 10 de febrero que unifica doctrina y revoca un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que condenó solidariamente al empresario contratante, del sector del cristal, y al subcontratado, de la construcción, a cubrir un recargo del 50% de las prestaciones de incapacidad permanente del trabajador. El trabajador manejaba un maquinillo, para lo que no estaba cualificado, y transportaba vigas de hierro de 4 metros de largo y 200 kilogramos de peso, ayudado de una grúa que no estaba debidamente anclada. Ello motivó la desestabilización del aparato, su vencimiento, el deslizamiento de la pluma y la caída del pilar de hierro al suelo, con un fuerte golpe que atrapó al empleado entre la viga y el maquinillo. Las secuelas le supusieron fracturas D7 y L4 y afectación de los 3 muros vertebrales, entre otros daños. Entonces, el accidentado demandó a las entidades gestoras de la Seguridad Social, a su empresa y a la contratante principal. Pretendía que respondieran solidariamente del máximo recargo (el 50%) de las prestaciones de incapacidad permanente reconocida. El Juzgado de lo Social número 29 de Madrid desestimó su demanda por no apreciar relación de causalidad entre el accidente y la falta de medidas de seguridad del contratista ni del contratante principal. Sin embargo, el TSJM la revocó y condenó solidariamente a ambos empresarios a un recargo del 50% de las prestaciones de invalidez del accidentado. La sentencia del TSJM fue a su vez recurrida en casación para la unificación de doctrina por ambas codemandadas ante el Supremo. La sentencia de casación absuelve a la empresa principal y mantiene la condena a la subcontratada. La empresa cristalera invoca que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 19 de mayo de 2005 contradice la del TSJM. En un caso similar, el Tribunal Superior de Extremadura absolvió a la empresa principal y declaró que el recargo de las prestaciones recaía directamente sobre el empresario infractor. El TS recuerda que el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece el incremento de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo cuando “no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de las características […] del trabajador”. Este artículo también limita el campo del efecto del recargo al “empresario infractor”. Y la aplicación de los principios de descentralización productiva se encuentra en el artículo 24.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 42.2 del Texto refundido de la Ley de Faltas y Sanciones en el orden Laboral, que fijan la responsabilidad solidaria con los contratistas y subcontratistas del empresario principal cuando el accidente, en obras y servicios de su actividad, se produce en su centro de trabajo. De esta forma, la obligación de vigilancia del empresario principal del cumplimiento de los deberes del contratista en seguridad se ciñe a obras y servicios de su propia actividad, y “en general, cuando las labores del contratista se realicen en su centro de trabajo”. Pero el TS concluye que “no puede entenderse” que estemos en el supuesto de centro de trabajo que establece el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, “instalaciones propias de la empresa principal que está obligada a su conservación a fin de evitar daños o accidentes que su deterioro pudiera ocasionar”. En este caso, “la recurrente era titular de la nave cuya demolición se había acordado pero, precisamente porque se procedía al desmontaje, la empresa principal no realizaba actividad alguna, cediendo sus obligaciones de vigilancia de las labores encomendadas al contratista”. Por último, el TS zanja que “el centro de trabajo no formaba parte en ese momento de las instalaciones de la empresa principal”. El Tribunal Supremo recurre a varias sentencias de la misma Sala para determinar que las obras de demolición del contratista no correspondían a la propia actividad de la empresa cristalera y supone que “su propia actividad” son todas aquellas tareas inherentes a su proceso productivo. En cuanto a la naturaleza del centro de trabajo, el Alto Tribunal recuerda su fallo (recurso 1178/1991) que descartó la aplicación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores como unidad productiva con organización específica que se ha dado de alta ante la autoridad laboral y que equiparó las instalaciones que el empresario debía vigilar, un poste de tendido eléctrico, con la idea de centro de trabajo. No es éste el caso de la cristalera titular de la nave que ha acordado su demolición.
Nulidad de las cláusulas contractuales modificativas de condiciones de trabajo
En el caso que nos ocupa, la trabajadora, contratada por la empresa A, realizaba tareas de limpieza en la empresa B. La empresa B comunica a la empresa A que ya no necesita los servicios de su limpiadora durante el mismo número de horas. Al no estar de acuerdo con la modificación de la jornada, la trabajadora presentó papeleta de conciliación ante el SMAC solicitando la resolución de su contrato con una indemnización de 20 días por año, al entender que la medida era una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. La solicitud es denegada por la empresa alegando que la trabajadora se había comprometido en su contrato de trabajo a aceptar que tanto su jornada como su horario de trabajo pudieran ser modificados, siempre que las necesidades del servicio lo requiriesen. La sentencia de instancia también desestimó la pretensión de la trabajadora de resolver su contrato de trabajo, por lo que la trabajadora presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El contrato firmado por la trabajadora y la empresa A estipulaba literalmente: “el trabajador se compromete a aceptar que su jornada u horario de trabajo puedan ser modificados, siempre que las necesidades del servicio lo requieran, existiendo justificación siempre que varíe la prestación del servicio al cliente, por requerimiento de éste.” Según dicha cláusula, el trabajador existiendo justificación, debería aceptar la modificación de jornada y de horario sin derecho a extinguir su contrato de trabajo a pesar de resultar perjudicado. Pero, dicha cláusula supone una violación de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 41.3.2 al eliminar la posibilidad de ejercer el derecho de resolver el contrato con derecho a la indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Lo cierto es que ningún trabajador puede disponer de los derechos que se tienen reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario: es lo que se llama el principio de indisponibilidad de los derechos laborales. Esto es, esta cláusula firmada por la trabajadora pretendía eliminar la posibilidad de ejercer su derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y que consiste en que si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Por lo tanto, el Tribunal considera nula dicha cláusula por tratarse de un derecho irrenunciable para la trabajadora y dicta sentencia declarando su derecho a solicitar la resolución indemnizada del contrato de trabajo, por haber sido objeto de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Se niega así el predominio de la autonomía contractual como fuente reguladora en la celebración de contratos de trabajo y se restringe la aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes del mismo. Se imponen restricciones y límites a la autonomía contractual con el fin de reequilibrar a favor del trabajador una situación previa de desventaja o debilidad contractual. De este modo, el contrato de trabajo puede establecer cláusulas relativas a la prestación de servicios pero solamente mejorando la regulación legal o convencional por encima de los mínimos de derecho necesario. De acuerdo con esta doctrina son por tanto nulas las cláusulas contractuales en las que el trabajador acepta a priori que, por necesidades del servicio, la empresa pueda, unilateralmente, modificar el horario, la jornada o el centro de trabajo.
El derecho a la pensión de viudedad en las parejas de hecho
Así, considera que el legislador ha querido que la convivencia de la pareja de hecho se acredite con el empadronamiento. Opción basada en que el registro es obligatorio para todo ciudadano y por medio de él queda constancia cierta de que el domicilio habitual de la pareja es común y por ello puede hablarse de que están conviviendo, dejando de lado otras vías de menor consistencia. Frente a este pronunciamiento, es cierto que otros Tribunales Superiores, han fallado en sentido contrario, admitiendo pruebas de la convivencia distintas al certificado de empadronamiento, sobre la premisa de que cuando la Ley habla de este requisito, no incluye la palabra “sólo” o “únicamente”. De ahí que, probablemente, en el futuro el Tribunal Supremo deba pronunciarse, sentando un criterio claro y definitivo sobre su interpretación.
Incentivos fiscales para los planes de pensiones privados
Éste es uno de los puntos que debatirán los grupos políticos que componen la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de reformar el sistema de pensiones y que actualmente se encuentran en plena negociación. En un principio, la Comisión abordará el retraso de la edad legal o, al menos, real de jubilación, elevar el tramo en el que se computa la pensión o reestructurar la pensión de viudedad. Una vez tratados estos temas, los grupos parlamentarios debatirán el tratamiento fiscal de los planes de pensión. Mayores deducciones Para fomentar la utilización de planes de pensiones privados, éstos “se tienen que incentivar con mayores deducciones fiscales”. Actualmente, el límite máximo que se puede desgravar del IRPF son los primeros 10.000 euros para menores de 50 años y 12.500 euros para los mayores de 50 años. Estas deducciones podrán ser revisadas al alza, según añaden estas fuentes. Pero la pieza clave que el Gobierno llevará a las negociaciones es el incremento de esta deducción para los mayores de 65 años que continúen trabajando y que continúen realizando aportaciones a su fondo de pensiones. “Se podría elevar el límite de deducción hasta 15.000 ó 18.000 euros, pero se tendrá que decidir en las negociaciones con los grupos parlamentarios”. Es decir, las deducciones se diferenciarán en tres tramos de edad. El objetivo es fomentar la permanencia del trabajador en el mercado de trabajo. También con este propósito, el Gobierno posibilitará que el cobro del plan de pensiones sea compatible con la ampliación de la vida laboral, tal y como adelantó el Economista. Es decir, que los trabajadores de más de 65 años que continúen trabajando puedan empezar a recibir la prestación de jubilación de su fondo de pensiones privado para complementar su sueldo. Y es que actualmente no está permitido legislativamente empezar a cobrar parte del fondo si no se ha llegado a la jubilación. Marzo 2010El ICO dará a las pymes préstamos directos de hasta 200.000 euros
El documento que se ha trasladado a los partidos políticos para negociar una salida pactada de la crisis otorga al Instituto de Crédito Oficial un cierto papel de banca privada. Salgado promoverá que el ICO conceda a las empresas créditos por un máximo de 200.000 euros con cobertura de riesgo del 100%. Para ello, el Instituto abrirá un concurso al que podrán presentarse entidades financieras para actuar como meras comercializadoras. El análisis de riesgos y el señalamiento de las empresas beneficiarias de estos préstamos dependerán del ICO, que abrirá una nueva línea crediticia “sin límite cuantitativo alguno” . Los préstamos se concederán en condiciones de mercado. Menor morosidad comercial La reactivación del crédito que propone el Gobierno y la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y autónomos se complementarán también con una reducción de la morosidad: el plazo máximo de pago por parte de las administraciones públicas quedará en 30 días y en 60 para las grandes empresas. Economía también propone reforzar el derecho de las empresas a percibir la indemnización que les corresponda por los costes de cobro que les ocasione la morosidad. En el mismo sentido, se compromete a potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus miembros frente a “cláusulas abusivas” relativas a los plazos de pago. Dentro del documento entregado a los partidos se recoge también una apuesta algo más ambigua por la estabilidad del sistema financiero. En ella, el Ejecutivo se compromete a “acelerar el proceso de reestructuración” del mismo y a “agilizar, en su caso, la utilización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”.
Se puede descontar de las nóminas las retenciones no practicadas por error
Si una empresa aplica por error un tipo de retención menor a los trabajadores o no les retiene nada y, sin embargo, ingresa en Hacienda el importe correcto, la empresa está legitimada para exigir la devolución de las cantidades que el trabajador percibió en exceso (sent. del TS de 14.12.09). El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en unificación de doctrina, falla a favor de la empresa, igual que lo hizo anteriormente la Audiencia Nacional. En su sentencia, el TS avala la legalidad de la compensación (es decir, descontar de un pago posterior lo previamente percibido de más) cuando las dos partes, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (art. 1195 del Código Civil), como es el caso de la empresa y el trabajador. En este caso, está claro que “las deudas son cantidades de dinero en cuya cuantía no existe controversia”. Por ello, la empresa “está legitimada para exigir la devolución de las cantidades que el trabajador percibió en exceso”. Además, el TS señala que la empresa puede descontar lo que el trabajador ha percibido de forma indebida puesto que el Estatuto de los Trabajadores dispone que todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por él, siendo nulo todo pacto en contrario (art. 26 del ET). Además, se trata de cantidades “vencidas, líquidas, determinadas y exigibles”, tal y como dispone el Código Civil para que se acepte la compensación (art. 1196 del CC).
Las empresas con dificultades podrán posponer el aumento salarial pactado
Las empresas con dificultades económicas podrán posponer los incrementos salariales pactados en Convenio Colectivo, según el ‘Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012' firmado por los agentes sociales, así como plantear nuevos plazos para recuperar los salarios que se hayan dejado de pagar. El nuevo Acuerdo, “vigente para tres años”, recoge la obligación de que en seis meses los agentes sociales reformen el sistema de negociación colectiva para adaptar el mercado laboral a las nuevas necesidades de los trabajadores y de las empresas. Las subidas salariales pactadas con la patronal, del 1% para 2010, entre el 1% y el 2% para 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% para 2012, se han garantizado mediante una cláusula de revisión salarial, para el mantenimiento del poder adquisitivo. Si por las condiciones económicas actuales, las empresas no pudieran aplicar estas subidas salariales, el Acuerdo establece que los empresarios deberán ponerlo en conocimiento de la Comisión Paritaria o Mixta del Convenio Colectivo, justificando las razones de inestabilidad económica por las que se pretende no aplicarlo y plantear nuevos plazos para recuperar los salarios que se han dejado de pagar. En el supuesto de desacuerdos, el sistema de arbitraje debería ofrecer alternativas para buscar una política de mantenimiento del empleo. El objetivo principal del Acuerdo alcanzado es la creación de empleo y la reducción de la temporalidad injustificada, y recordó su carácter obligatorio, ya que “asienta que la negociación colectiva es el eje central para afrontar los problemas y dificultades que tiene la economía y el empleo”. En este sentido, el Acuerdo marca en un horizonte de tres años unas referencias salariales que están “dentro del objetivo de precios del 2% del Banco Central Europeo”. Además, recoge una cláusula adicional para que en el plazo de seis meses los agentes sociales se comprometan a reformar las “reglas jurídicas” que rigen la negociación colectiva, con el fin de que los convenios “sean eficaces para empresas y trabajadores”. También, patronal y sindicatos están de acuerdo en negociar de forma bipartita los Expedientes de Regulación de Empleo y de reducción temporal de la jornada, al igual que la contratación a tiempo parcial y la subcontratación.
El derecho del empleado a rechazar la readmisión tras su despido
El trabajador fue despedido por faltas de asistencia al trabajo. Quince días después, la empresa le remite un burofax indicándole que deja sin efecto el despido porque el empleado ha justificado dichas ausencias. El trabajador, casi quince días después de haber recibido esta nota de la empresa, interpone papeleta de conciliación por despido. En una primera sentencia se desestima su demanda porque el juzgado entiende que no había habido tal despido. El Tribunal tampoco aprecia ningún rasgo definitorio del abuso del derecho en esa posible reclamación frente a una decisión patronal ilegítima, puesto que cuando se solicita la tutela judicial no se observa una voluntad de perjudicar, ni un daño no legítimo. En su caso, de admitirse la eficacia de la retractación en determinados supuestos excepcionales, el hipotético abuso del derecho se limitaría a la pretensión de salarios de trámite. El Tribunal concluye que casi parece superfluo indicar que el indebido rechazo de la readmisión ofrecida nunca puede calificarse como falta injustificada al trabajo, pues no puede decirse que una ausencia que es debida a ejercitar judicialmente la acción por despido esté privada de causa legítima. Como tampoco puede considerarse integrante de dimisión del empleado, puesto que para apreciar tal figura es preciso que se produzca una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita –pero siempre clara y terminante– demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que, de modo concluyente, revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral.
Se puede perder la prestación por baja médica por no acudir al examen
El empleado se encontraba de baja por incapacidad temporal. La Mutua de accidentes de trabajo le envió a su domicilio dos telegramas, indicándole que debía presentarse a un reconocimiento médico. Ambos fueron devueltos a esta entidad como no entregados, por encontrarse cerrado el domicilio del citado trabajador, al que se le habían dejado avisos para que retirara los telegramas en cuestión. Tras dos sentencias judiciales, una desestimando y otra estimando la demanda, el Tribunal Supremo recibió el asunto para darle una solución definitiva. El Tribunal Superior de Justicia, que había dado la razón al trabajador, argumentaba que no podía atribuirse validez de notificación a los telegramas remitidos por la Mutua de trabajo, pues lo relevante era que esta notificación se produjera mediante la efectiva recepción del telegrama, cosa que en el presente caso no había sucedido. El Supremo volvió sin embargo a dar la razón a la Mutua, ya que el trabajador únicamente reaccionó cuando se le privó de la prestación económica. En ese momento, el interesado remitió un fax manifestando que no le había llegado ninguna notificación, lo que era cierto. Aunque omitió que sí la había recibido mediante telegrama, silenciando que le habían dejado un aviso para recogerlo en el que figuraba como remitente la Mutua patronal. Se presumía que, encontrándose de baja por incapacidad temporal, el objeto de dicha comunicación tenía que ver con su situación laboral. Remarcó el Supremo que, tras la primera citación, tuvo un período de catorce días para recoger el telegrama, mientras que en la segunda el plazo fue de una semana. A juicio de la sala judicial, la conducta del trabajador fue de mera pasividad, rozando una negligencia omisiva, ya que al tener en su poder los avisos de Correos con la constancia del remitente, cualquier persona que obrase con la diligencia debida al ciudadano medio –conocedor de su situación laboral–, no hubiese dejado de recoger los telegramas sobre los que se había dejado el aviso.
Es posible trabajar y percibir una pensión por incapacidad permanente
Una empleada declarada en situación de gran invalidez, comenzó a prestar sus servicios, como trabajadora social, primero con contrato a tiempo parcial y luego a tiempo completo, en una fundación. La Seguridad Social inició un expediente de revisión de la incapacidad permanente, concluyendo que no procedía revisar la incapacidad permanente, pero sí suspender temporalmente el pago de la prestación mientras la beneficiaria trabajase, salvo el incremento destinado a pagar la ayuda de otra persona. La afectada interpuso una demanda. La interpretación contraria daría mejores condiciones al trabajador declarado en incapacidad permanente total –legalmente apto para cualquier actividad que no sea la profesión u oficio para la que haya sido declarado inválido– que al declarado en incapacidad permanente absoluta –al que se le negaría toda actividad e ingresos–. A su vez, esta incompatibilidad tendría un efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral, pues aunque las cotizaciones satisfechas por el nuevo trabajo habrían de tener eficacia respecto de prestaciones futuras, la suspensión de la pensión por percibir de ingresos debidos al trabajo privaría prácticamente de estímulo económico a una actividad que con toda seguridad ha de realizarse con considerable esfuerzo psicofísico del inválido. Por último, este planteamiento cobra pleno vigor por las nuevas tecnologías, que hacen posible la pluralidad de actividades laborales a quienes se encuentran en estas situaciones, de manera que la compatibilidad ahora defendida representa un considerable acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores con capacidad disminuida.
El Congreso apoya que el IVA se ingrese sólo al cobrar la factura
Desde Hacienda, siempre se ha defendido que la medida, si bien podía tener sentido desde un punto de vista económico, resulta muy difícil de aplicar técnicamente. De llevarse a cabo, fuentes de Hacienda advierten que también se incrementará el control tributario.
Ley SOCIMI Esta norma, ya en vigor, ha incorporado entre otras estas importantes novedades:
Esta norma está siendo discutida ante el Tribunal de Luxemburgo por supuesta infracción del Derecho comunitario. Ley de Presupuestos para 2010 Esta ley incluye la subida de tipos del IVA, que pasarán del 16 al 18 % el tipo general, y del 7 al 8 % el tipo reducido, a partir del próximo 1 de julio. El superreducido del 4 % se mantiene. También se elevan las compensaciones propias del régimen especial de la agricultura. “Paquete IVA” La tramitación parlamentaria de este proyecto ha visto frenada su tramitación, estando prevista su aprobación durante 2010. Sin embargo, la Dirección General de Tributos, del Ministerio de Economía y Hacienda, ha aprobado una Resolución “normativa”, de 23 de diciembre de 2009, según la cual a partir de la primacía y efecto directo del Derecho Comunitario, serían aplicables las citadas directivas desde 1 de enero de 2010, en los términos previstos en el proyecto presentado al Parlamento. Esta decisión, que estimamos aceptable sólo en cuanto se refiere a las normas de lugar de realización de las operaciones, es discutible en otros puntos, donde las directivas abren opciones a los EEMM o a materias no sujetas a armonización, donde los citados principios no operan del mismo modo. Incorpora:
Un nuevo Real Decreto y varias órdenes ministeriales adaptarán las obligaciones formales al actual proyecto de ley, estando todo ello retenido hasta la formal aprobación y publicación de la ley. No obstante, sí ha dado tiempo a la aprobación de otro Real Decreto relativo a retenciones de IRPF en el cual se ha incluido un nuevo aplazamiento del modelo 340 (obligación de envío telemático de libros registro) para las empresas que no opten por devolución mensual.
Los 10 mandamientos contra la economía sumergidaEn España hay 245.000 millones de dinero negro que no vendrían nada mal a las maltrechas arcas del Estado. Por este motivo, los técnicos de Hacienda (Gestha), en su lucha contra la economía sumergida, han propuesto un decálogo para incluir en el nuevo Plan Antifraude que aprobará el Consejo de Ministros en los próximos días, como parte de la estrategia incluida en la Ley de Economía Sostenible. En este sentido, Gestha sostiene que la investigación para erradicar las actividades subterráneas debe centrarse en las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas más que en las rentas de trabajo. Además, sostienen que es necesaria una mayor colaboración entre las Administraciones Públicas estableciendo objetivos claros contra el fraude, basados en estudios oficiales periódicos. Para ello proponen diez medidas para atacar de raíz la economía sumergida que pasan por: 1. Estudios plurianuales de economía sumergida: los Técnicos de Hacienda proponen cuantificar periódicamente la economía sumergida a través de estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, con el objetivo de calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente. 2. Objetivos de reducción de la bolsa de dinero negro: una vez cuantificado el fraude, Gestha considera que el Parlamento debe fijar los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE). 3. Colaboración efectiva entre Administraciones Públicas: plantean una colaboración efectiva entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y locales, con especial atención sobre la concesión de subvenciones y ayudas públicas. 4. Una base de datos compartida: las distintas administraciones territoriales deben compartir una base de datos tributaria y de las subvenciones concedidas con información procedente de los ámbitos central, autonómico y local. 5. Terminar con la externalización de auditorías: revocar la subcontratación de empresas privadas para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la Administración del Estado o de empresas públicas, de manera que sea realizada por los propios Técnicos del Ministerio. De acuerdo con los Presupuestos Generales para 2010, éste gastará más de diez millones de euros en estos próximos cinco años en la externalización y subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de algunos organismos y entes públicos estatales. 6. Más eficiencia y rapidez de los procedimientos: mejorar las actuaciones e investigaciones de las administraciones mediante la revisión de los procedimientos y métodos de gestión para reducir la duración de los expedientes y la litigiosidad. 7. Mejor seguimiento de los contribuyentes de riesgo: la creación de un fichero de deudores tributarios insolventes (con limitación del derecho a obtener subvenciones, crear empresas, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos, hasta que ingresen o garanticen las deudas) y el establecimiento de un seguimiento permanente de la situación fiscal de los contribuyentes considerados de riesgo. 8. Aprovechar las capacidades infrautilizadas del personal de Hacienda: se debe aumentar las funciones y competencias de los empleados públicos para aprovechar al máximo su experiencia y capacidades y, en consecuencia, exigir la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos establecidos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a los más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente el control tributario y aduanero y el control del gasto público. 9. Establecer y concretar competencias: se deben establecer y concretar las funciones, cometidos y obligaciones esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, con el fin de evitar el solapamiento de competencias y el vacío de responsabilidades. 10. Reformas fiscales: una batería de medidas fiscales que ayudan a prevenir el fraude y reforzar la lucha contra la economía sumergida, entre las que destacan:
La ley impide que Hacienda embargue créditos futurosLos excesos recaudatorios de Hacienda están encontrando freno en la propia vía administrativa y si las empresas normalmente se ven obligadas a gastar sus recursos en litigios incluso con sentencias favorables, son bien recibidos los pronunciamientos que frenan al Fisco antes de la fase contenciosa. La agobiante necesidad de conseguir ingresos para las arcas del Estado está llegando al punto de que los órganos de recaudación de Hacienda pretenden embargar los créditos de empresas que, a su vez, son deudoras de otras compañías que tienen cuentas pendientes con el Fisco. Es decir, Hacienda pretende embargar incluso créditos que afectan a terceras empresas. Tales créditos son futuros o dicho de otra forma, inexistentes, cuando el fisco los reclama antes de que se materialicen. La empresa afectada recurrió el procedimiento de responsabilidad derivado de una diligencia de embargo de créditos, dictada por los órganos de recaudación, en la que se le declaraba «responsable solidaria del pago de las deudas pendientes» (fiscales) que otra sociedad tenía con Hacienda. El motivo es que entre ambas había relaciones comerciales y Recaudación fijó la responsabilidad por «el importe de los pagos realizados con posterioridad al recibo de la diligencia, un total de 272.359 euros». Es decir, la empresa a la que Hacienda le reclamaba era la que debía dinero a su proveedora, esta última la que tenía cuentas pendientes con el Fisco. Cuando llegó la diligencia de embargo ambas empresas no se debían nada pero sí mantuvieron relaciones comerciales después y este dinero es el que pedía Hacienda, en concreto el importe de las ventas que tenían comprometidos en contratos posteriores. La Administración conoció la existencia de tales deudas, tal y como se desprende de la propia resolución, «con los datos declarados por la empresa –ahora reclamante– en el modelo 347 que constan en las bases de datos». Es decir, para Hacienda se había incumplido la diligencia de embargo por no ingresar el importe de los créditos surgidos posteriormente. Cuando el Fisco intentó embargar esta cantidad, la empresa inició en 2007 una batalla legal, que ahora culmina con la decisión del TEAR de Madrid de parar los pies a la Administración Tributaria. La resolución afirma que “el propósito de los órganos de recaudación en modo alguno es justificativo de que dichas cantidades estuvieran pendientes de pago cuando se notificó la diligencia de embargo ni que provengan de un contrato en vigor en dicho momento a cuyo pago estuviera obligada”. Es decir, rechaza que se puedan exigir tales importes. Como explica la resolución (Reclamación nº 28/14421/07, de 22-X-2009), «el artículo 81 del Reglamento General de Recaudación contempla la posibilidad de embargar créditos nacidos y no vencidos, pero no la de embargar créditos futuros aún no nacidos por no haberse efectuado aún ningún acto jurídico que los origine». Pero incluso, el TEAR profundiza más su decisión al explicar que «el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste». Por estas razones, la resolución concluye que «no puede confirmarse que se haya producido, por culpa o negligencia, el incumplimiento de una orden de embargo relativa a unos créditos cuya existencia, en el momento de su notificación, no está acreditada y que no estaba redactada en los términos suficientemente precisos para determinar con exactitud los créditos a los que se refería». De esta forma, la empresa ha conseguido que el TEAR anule la diligencia de embargo que pesaba sobre ella. Febrero 2010 Es válido retractarse del despido en el preaviso
Según consta en la resolución, esta es la primera vez que la Sala Cuarta aborda la cuestión de si la retractación es correcta cuando se acuerda antes de la efectividad de la extinción contractual, es decir, durante el plazo de preaviso. Para resolverla, el ponente, el magistrado José Manuel López García de la Serrana, resalta que en el caso analizado la empresa se retracta de su decisión de extinguir el contrato mientras la relación laboral se encuentra vigente y el trabajador prestando sus servicios. Por ello, no puede aplicarse al caso la doctrina mantenida hasta la fecha respecto de la validez y efectos de la retractación ya que se ha dictado para casos en los que ésta se produce tras la extinción del contrato. A juicio del ponente, “como el contrato permanece vivo mientras el despido no se hace efectivo, momento en el que se extingue y su rehabilitación requiere la voluntad de las dos partes y no de una sola, cabe concluir que la retractación empresarial producida antes de que llegue ese momento es válida y produce como efecto principal el de que el contrato no llegue a extinguirse”. Para apoyar esta solución, la Sala subraya que el preaviso es el “anuncio previo de que próximamente se va a rescindir el contrato, pero se trata sólo de una advertencia que se hace por exigencia de la Ley para prevenir al otro de algo que se realizará”. Por consiguiente, el Supremo entiende que “el contrato no se extingue ese día, sino aquel en el que se decide el cese y se liquida”. El ponente afirma que el tratamiento de la normativa sobre el despido y de la declaración de su improcedencia “muestra que esta rescisión contractual tiene un tratamiento especial y que la improcedencia de la misma no se salda siempre con el abono de una indemnización por daños y perjuicios causados, sino que el patrono tiene siempre la posibilidad de readmitir al trabajador en su puesto de trabajo”. Por ello, como la finalidad de la norma es facilitar la continuidad del contrato, el Alto Tribunal ve “claro” que el empresario “puede decidir válidamente retractarse de la rescisión del contrato que preavisó, mientras la prestación del servicio continúa y el contrato sigue vigente”. Una solución que será aplicable salvo si se prueba la mala fe del patrono. Contrato por obra Según el Supremo, la validez es más evidente cuando, como en el caso analizado, “se trata de un contrato para obra determinada y el empresario se da cuenta de que aún no está terminada la obra y que sigue teniendo trabajo para el operario preavisado”. Por último, la Sala Cuarta recuerda que, como la acción por despido nace a la fecha del cese y antes de que el mismo se produzca no empieza a correr el plazo de caducidad de la misma, “resulta que no existe derecho a reclamar contra el cese antes de que el mismo sea efectivo, pues hasta ese momento no se precisa la tutela judicial”. (TS, 7/12/09).
La reforma laboral bonificará la contratación fija y encarecerá la temporal
Se quiere encarecer la contratación temporal y abaratar la fija para animar a los empresarios a optar por la fórmula indefinida. Así, se abarataría el tipo de cotización al desempleo que abonan los empresarios y trabajadores por los contratos fijos y, a cambio, incrementarlo en los contratos temporales, de forma que a la empresa le resulte más barato emplear al trabajador de manera indefinida. Una de las cuestiones que previsiblemente presentará el Consejo de Ministros es el impulso de la contratación de los jóvenes, aunque las medidas concretas en este sentido parece que no se expondrán este viernes, según advirtió este miércoles el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Fuentes del Ejecutivo han recalcado a EFE que no se pretende plantear imposición alguna, sino sentar las bases para dialogar con empresarios y sindicatos, y concretar las reformas laborales que se necesitan. Los máximos dirigentes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, advirtieron al Ejecutivo de que, en caso de que decidiera abordar hoy la reforma laboral, “mida mucho” lo que va a plantear para no perjudicar ni el diálogo social tripartito ni la negociación colectiva.
Economía sugiere utilizar el 0,8% de IPC como base para negociar los salarios
El estancamiento de los precios está teniendo consecuencias directas sobre la renta de las familias y la negociación salarial. El INE hizo público ayer un crecimiento del IPC del 0,8% en diciembre en tasa interanual. Con ello se retoma la senda positiva de los precios de consumo. La diferente evolución entre estos y las subidas salariales pactadas (2,6% a diciembre) va a permitir que un trabajador medio disponga de una renta adicional cercano a 600 euros. De cara a la próxima negociación salarial, que los agentes sociales pretenden que tenga carácter plurianual, los sindicatos apuestan por subidas entre el 1% y el 2%, mientras que la patronal plantea aumentos por debajo del 1%. Preguntado por esta cuestión, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se situó ayer más cerca de la posición de los empresarios, al señalar que el nivel en el que han cerrado los precios en 2009 (un 0,8%) podría ser tomado como referencia para las próximas reuniones entre sindicatos y empresas. Una afirmación que fue contestada por las centrales sindicales. UGT subrayó la necesidad de que se garanticen los salarios de los trabajadores “para fomentar la confianza y reactivar el consumo, lo que propiciará la recuperación de la actividad”. El desplome de precios justifica, en su opinión, la necesidad de aumentar la dotación del Salario Mínimo Interprofesional y del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), cuyo incremento para 2010 califica de “insuficiente”. Subida de los servicios Pese a tocar mínimos históricos, los precios de consumo volvieron a subir en diciembre, tras encadenar ochos meses consecutivos de caídas, y alejaron el fantasma de la deflación. Y los principales responsables de esa recuperación han sido el encarecimiento del barril de petróleo (en diciembre cotizó por encima de 70 dólares, casi el doble que hace un año) y el impacto que ha tenido la subida impositiva en vigor desde junio sobre carburantes y tabaco. Así se puede comprobar en la evolución por rúbricas, en el que las dos que más crecieron fueron el tabaco, con un incremento del 17%, y el transporte público, con un 4,5% en tasa interanual. Todas las comunidades, excepto Canarias, registran ya tasas positivas en el IPC e incluso en Cataluña se eleva por encima del 1%. La inflación subyacente (descontados los elementos más volátiles) también repunta, una décima, hasta el 0,3% por los servicios. Esa tendencia al alza se puede mantener, como vaticinan los expertos, que auguran que la próxima subida del IVA y la reactivación del consumo pueden conducir a un nuevo aumento de los precios. Algo que trató de matizar ayer Campa, al señalar que la inflación se mantendrá en “niveles moderados” en los próximos meses debido al contexto económico, aunque también advirtió sobre las subidas de los servicios.
Un convenio colectivo puede anular una pensión complementaria
El caso afecta a 56 trabajadores prejubilados de la empresa vizcaína Sefanitro que presentaron una demanda contra España en 2005 después de que el Supremo diera la razón a la empresa y avalara que los empleados dejaran de percibir en 2000 la pensión complementaria que recibían, tras la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que sustituyó esta percepción por una sola paga correspondiente a tres mensualidades. La Sala Tercera de la Corte Europea, que adoptó esta decisión con el voto de sus seis magistrados contra uno, avala el planteamiento del Tribunal Supremo de que “los derechos concedidos por un convenio colectivo pueden dejar de aplicarse en el caso de que éste sea revisado con posterioridad”. En este sentido, el TEDH considera que la decisión del Supremo “no fue arbitraria ni desproporcionada”, ni supone una violación del artículo 1 del Protocolo número 1 de Protección de la Propiedad de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La supresión de los 400 euros reduce la primera nómina del año
Llega la hora de cobrar la primera nómina de 2010, aquella que tradicionalmente refleja la subida de la inflación para los pensionistas y los aumentos pactados por convenio entre los asalariados. Pero en esta ocasión no trae buenas noticias: el IPC ha registrado su menor avance en 50 años con un alza del 0,8%, lo que ha dejado a los jubilados sin la habitual paga por la corrección de los precios, mientras la falta de acuerdo en la negociación colectiva ha privado a muchos otros de la tradicional revalorización de los salarios. Además, por si esto fuera poco, la próxima nómina también será la primera que recogerá la supresión de la deducción de 400 euros del IRPF, lo que en resumen significa cobrar unos 33 euros menos de media al mes en plena cuesta de enero y durante todo el año. El año se ha estrenado con aumentos en el precio de la luz, los transportes públicos, el butano y hasta en los sellos de correos. Pero, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores, lo que no suben son los salarios. Según los cálculos del Gobierno, más de 15,5 millones de trabajadores por cuenta ajena y pensionistas, así como 850.000 autónomos se han beneficiado de la medida durante los dos años que ha estado en vigor. Una ayuda que, aunque nació sin fecha de caducidad, se ha acabado antes de lo previsto al ser incluida en la subida de impuestos que el Ejecutivo ha aprobado para hacer frente a la acuciante necesidad de reducir el alto déficit público, que ha cerrado 2009 rozando el 10% del PIB, según cifras aún no confirmadas. A pie de calle, los primeros en darse cuenta de que la nómina de enero ha venido algo más delgada que de costumbre han sido los pensionistas, que no entienden cómo es esto posible si el Gobierno publicita que las prestaciones han subido entre un 1% y un 3,5% en el último año. La clave que explica su enfado, tal y como admiten desde Hacienda, es que mientras las subidas -en su mayoría del 1%- se aplican al conjunto de la pensión, el aumento de las retenciones que provoca el final de los 400 euros se nota exclusivamente en los ingresos netos, lo que arroja una rebaja de dos puntos en el dinero que finalmente se recibe en la cuenta del banco dependiendo de la base imponible de cada contribuyente. Recorte que, incluso, puede llegar a los tres puntos por el redondeo. Promesa electoral Hace ahora precisamente dos años, enero de 2008, Zapatero abría, con mucha antelación, la precampaña de las elecciones del siguiente marzo con la promesa de devolver 400 euros a los contribuyentes para fomentar el consumo. Una idea importada del entonces presidente de EE UU, George W. Bush que no discriminaba y afectaba por igual a todo el mundo sin importar su nivel de renta. La proximidad de las urnas disuadía al Gobierno de hablar de crisis. A su favor contaba con que el Producto Interior Bruto crecía a un ritmo del 3,8% y con el colchón de 23.360 millones de euros del superávit de 2007. Sin embargo, los signos de que se avecinaba tormenta eran evidentes tanto en cuanto la burbuja inmobiliaria se desinflaba a marchas forzadas y daba inicio la escalada del paro que no se ha detenido hasta la fecha. A partir de entonces, la desaceleración se convirtió en grave crisis, y de ahí pasó a Gran Recesión. Y los 5.700 millones que el Estado dejaba de ingresar por la ayuda de los 400 euros al año se han vuelto ahora necesarios para hacer frente al importante deterioro de las cuentas públicas. Aunque no desaparece del todo, ya que se mantiene para los que cobren menos de 8.000 euros al año y se reduce progresivamente para los contribuyentes que ingresen entre esta cantidad y 12.000 euros.
Hacienda abre la puerta a relacionarse sólo por internet con los autónomos
El cartero dejará de llamar a la puerta de ciertos profesionales para entregar cartas con el membrete de Hacienda. Un real decreto que modifica diversas normas fiscales, publicado en el BOE, especifica que la administración tributaria podrá asignar una dirección electrónica a las personas físicas, siempre y cuando, “formen parte de colectivos con capacidad técnica o económica” para relacionarse sólo por internet con la Agencia Tributaria”. Aún se desconoce a quién afecta esta medida, ya que debe regularse a través de una orden ministerial. En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Economía defienden que la relación a través de internet se restringirá a profesionales que, actualmente, ya se comunican telemáticamente con la administración. En el borrador del real decreto ya se especificaba que Hacienda asignaría un correo electrónico a las personas jurídicas (empresas) para relacionarse con ellas sólo a través de internet, sin embargo, no se decía nada de las personas físicas, que, en principio, quedaban fuera de la norma. En España, hay algo más de un millón de empresas que tributan por el impuesto de sociedades y tienen la consideración de personas jurídicas. Para las empresas, la nueva obligación se aplicará independientemente de los recursos informáticos y económicos que posean. Fuentes del ministerio argumentan que, actualmente, las compañías ya envían el impuesto de sociedades a través de internet y presuponen que la medida no supondrá un problema para las compañías. Objetivo, ahorrar costes Hacienda, con este real decreto, pretende ahorrarse parte de los cuantiosos costes laborales y económicos que supone enviar millones de cartas y notificaciones a través del correo ordinario. Además, la Agencia Tributaria se asegurará de que los comunicados que envíe llegan a su destinatario y evitará las pérdidas de documentación en Correos. El asunto no es baladí, Hacienda destina, anualmente, 50 millones de euros en envíos postales y la posibilidad de abandonar el correo ordinario supondrá agilizar todos los trámites tributarios. En este sentido, la administración tributaria es, con diferencia, la más preparada en medios informáticos. De hecho, a partir de 2011, cualquier ciudadano tendrá derecho -que no obligación- a dirigirse a las administraciones públicas a través de internet. En este sentido, la Agencia Tributaria ya ha puesto en marcha la bautizada como sede electrónica, que sustituye a la antigua oficina virtual. Una de las principales novedades es que a través de la red los contribuyentes podrán conocer el estado de tramitación de sus expedientes que se hayan iniciado a partir de este año. Para ello, será necesario disponer del DNI electrónico. Por otro lado, en el ámbito interno, Hacienda también está impulsando el envío a través de internet de documentos y expedientes entre distintas oficinas tributarias, lo que permite agilizar y ahorrar costes de envío. Ello no significa que las montañas de papeles y expedientes desaparezcan de las mesas de Hacienda. Lo primero que hace el funcionario cuando recibe un expediente es imprimirlo para leerlo en papel. Hay hábitos muy difíciles de cambiar.
Desarrollado el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA
En relación al IRPF, esta orden respeta la estructura de la vigente en 2009, manteniendo los módulos aplicables en dicho año, así como las instrucciones para su aplicación. Entre las novedades que presenta, destacan las referentes a los trabajadores autónomos; así, para los ejercicios 2009 y 2010 se establece una reducción general del 5% del rendimiento neto de módulos para los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica por el método de estimación objetiva. Además, con el objetivo de fomentar la contratación de personas con discapacidad, se mejora el porcentaje de deducción aplicable en estos casos para el cómputo del personal contratado, elevándose del 40% actual al 60%, y para promover el autoempleo, se mejoran en un 20% los índices correctores por inicio de actividad. Respecto a las modificaciones en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, como consecuencia de la subida a partir del 1 de julio de 2010 de los tipos general y reducido de dicho impuesto, se revisan los módulos aplicables mediante la aprobación de una tabla única que incorpora el aumento de tipos distribuido a lo largo del año.
La Justicia censura los excesos sancionadores de Hacienda
Los criterios sancionadores de Hacienda pasan con dificultad el examen de los tribunales y más todavía en época de crisis, en la que una multa puede significar un varapalo importante en la situación financiera de cualquier empresa. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Murcia –Rº 272/05, de 23-XI-2009– ha considerado desproporcionada la multa girada por la Inspección –y confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR)– al no haberse tenido en cuenta las circunstancias reales del caso porque el quebranto real provocado a la Administración fue muy inferior a la sanción que se impuso, excesivamente elevada. De esta forma, se consolida la postura mantenida por otros tribunales superiores de justicia en la que se está exigiendo a Hacienda que en los pagos a cuenta realizados por las empresas sólo puede exigir que se le compense el perjuicio por los intereses de demora. No hacerlo de esta forma representa una actuación “injusta y desproporcionada”. El tribunal ha estudiado el caso planteado por una empresa que recurrió una sanción de 143.000 euros por no haber presentado autoliquidaciones correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. La compañía dejó de hacer pagos fraccionados durante dos meses con el resultado de una liquidación de 410.939 euros de cuota y 20.100 euros de intereses. La Inspección impuso una multa de 143.000 euros, que calculó según la cuota dejada de ingresar. Hay que apuntar que el resultado definitivo de la autoliquidación del impuesto fue negativo –a devolver–. La Administración Tributaria justificó la multa en que “la obligación de practicar ingresos a cuenta es de carácter autónomo y constituye una deuda tributaria independiente de la obligación definitiva”. Según la Inspección, “el sujeto pasivo está obligado a realizar los pagos fraccionados con independencia de que posteriormente, y una vez efectuada la declaración anual del ejercicio correspondiente, pudiera resultar cuota a devolver por aplicación de las reglas de deducción de los pagos a cuenta o incluso se pudiera devolver todo o parte de lo ingresado por el concepto de pagos a cuenta”. Precedentes A ello añadía que diferentes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central “sostienen que los pagos a cuenta tendrán la consideración de deuda tributaria a efectos de la aplicación de las disposiciones sobre infracciones y sanciones tributarias”. Todos estos planteamientos han sido rechazados por el tribunal. Éste ha entendido que la actuación de Hacienda fue “injusta y desproporcionada”. En efecto, según explica la sentencia, “el planteamiento del TEAR es en principio admisible tomando al pie de la letra los elementos que baraja para llegar a tal conclusión”. Sin embargo, matiza, “no puede perderse de vista que las normas deben ser interpretadas por la Administración conforme a criterios de proporcionalidad que impidan alcanzar soluciones poco razonables”. No sólo hay jurisprudencia que sustenta tal criterio sino que, como explica el fallo, así lo “expresaba el artículo 2.2 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente”. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia entiende que la actuación de Hacienda fue “contraria a la aplicación equitativa de las normas y produce un claro desequilibrio y un resultado injusto puesto que, por un lado, se da el mismo trato a quien cumplió con sus obligaciones definitivas que a quien se abstuvo de atender éstas en absoluto”. El Tribunal va más allá y también censura el método de cálculo que realiza Hacienda para imponer la sanción: “La cantidad aplicada como sanción de 143.000 euros está manifiesta y objetivamente fuera de toda proporción en relación con el quebranto económico que sufrió la Administración, cifrado en 20.100 euros”. Por ello, puntualiza el fallo, “la Administración debió tener en cuenta el resultado final de la liquidación del ejercicio para concretar la base de cálculo de la sanción y, en definitiva, lo que para ella había supuesto de perjuicio la falta de realización de los pagos fraccionados”.
Hacienda blinda la penalización a las indemnizaciones elevadas
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible elimina parcialmente un importante beneficio fiscal para los altos directivos. Hasta ahora, las llamadas rentas irregulares derivadas de los incentivos plurianuales por objetivos y las indemnizaciones por despido o por rescisiones de contrato tenían derecho a una reducción del 40% en el IRPF. Es decir, si un directivo cobraba una indemnización de tres millones de euros, 1,2 millones quedaban libres de impuestos. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible limita a los primeros 600.000 euros la posibilidad de aplicar ese beneficio. Así, algunos despachos fiscales están recomendando a directivos que meditan abandonar a corto plazo su cargo que negocien su salida antes de la aprobación de la ley. Esfuerzo vano. Fuentes de Hacienda confirmaron que, tal y como está redactada la norma, la reforma se aplicará con efectos retroactivos. Y argumentan que el Tribunal Constitucional avala esta interpretación. Por un lado, existe un efecto anuncio, ya que en diciembre del año anterior ya se informó de este cambio y, por el otro, el devengo del impuesto se hace efectivo en 2011, cuando la ley ya estará vigente. Opinión no compartida por el director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, que defiende que el cambio normativo debería empezar a aplicarse en enero de 2011 de acuerdo con la Ley General Tributaria. Aun así, prevé que en el trámite parlamentario se especificará la entrada en vigor a partir de enero de 2010. Se trata de un cambio de calado. En 2008, las indemnizaciones y pagos por incentivos con un periodo de generación superior a dos años superaron los 40.000 millones de euros. Las llamadas cláusulas de blindaje -que aseguran compensaciones millonarias en caso de despido o rescisión de contrato- son habituales en la alta dirección. Entre otros motivos, porque la indemnización que le corresponde por ley a un presidente o consejero delegado de una gran compañía es mínima, “de siete días por año trabajado”. El 77% de las compañías del Ibex blinda a sus ejecutivos. De media, las indemnizaciones que reciben equivalen al sueldo de tres anualidades. En el caso de los asalariados acogidos al régimen general, el cambio normativo no les afecta porque las indemnizaciones por despidos improcedentes, y los ERE fijados en 20 días por año trabajado, están exentas de tributación. Además, en diciembre, el Gobierno aprobó que los expedientes de regulación de empleo con indemnizaciones superiores a las máximas legales – entre 20 y 45 días por año trabajado- firmados entre el 6 de marzo de 2009 y diciembre de 2010 quedasen libres de impuestos. Enero 2010 Salario Mínimo Interprofesional para 2010
Las nuevas cuantías, representan un incremento del 1,5 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, El incremento previsto para 2010 determina continuar con la política iniciada en 2004 con el objetivo de dignificar el salario mínimo interprofesional, con miras a situarlo en el 60 % del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se ha tomado en consideración el difícil contexto económico en el que ha de fijarse la cuantía del salario mínimo. La economía española se sigue viendo afectada por la crisis económica iniciada en 2008 que ha determinado una fuerte contracción de la actividad económica y destrucción de empleo en 2009. La situación económica actual exige tener en cuenta, a la hora de adoptar cualquier decisión en este ámbito, todos los factores que puedan tener un impacto en la creación de empleo. En este sentido, el comportamiento de la variación del índice de precios al consumo del último año ha quedado muy por debajo de las cifras de los años precedentes, lo que debería mostrarse como un factor propicio para la continuación de una política de moderación salarial que contribuya a la recuperación económica y a la creación de empleo.
Medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas
Medidas de mantenimiento del empleo Bonificación en la cotización empresarial a la Seguridad Social en los supuestos de regulaciones temporales de empleo. Se amplían hasta el 31 de diciembre de 2010. Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada que hayan sido autorizadas en expedientes de regulación de empleo, incluidas las suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. La duración de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador. Medidas de fomento del empleo Bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2010 a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios por desempleo, o de la Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los tres años de duración. El empleador, a efectos del cálculo de la duración de las bonificaciones, requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación o subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. En el caso de desempleados beneficiarios de la prestación contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación. El empleador beneficiario deberá mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado durante al menos un año desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación al reintegro de las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones. No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. Medidas de protección de las personas desempleadas Reposición del derecho a la prestación por desempleo. Cuando se autorice a una empresa, en virtud de uno o varios expedientes de regulación de empleo o procedimientos concursales, a suspender los contratos de trabajo, de forma continuada o no, o a reducir el número de días u horas de trabajo, y posteriormente se autorice por resolución administrativa en expediente de regulación de empleo o por resolución judicial en procedimiento concursal la extinción de los contratos, o se extinga el contrato al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas autorizaciones con un límite máximo de 120 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que las resoluciones administrativas o judiciales que autoricen las suspensiones o reducciones de jornada se hayan producido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive; b) Que el despido o la resolución administrativa o judicial que autorice la extinción se produzca entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. La reposición prevista este artículo será de aplicación cuando en el momento de la extinción de la relación laboral: a) Se reanude el derecho a la prestación por desempleo. b) Se opte por la reapertura del derecho a la prestación por desempleo inicial, en ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 210.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. c) Se haya agotado la prestación por desempleo durante la suspensión o la reducción de jornada y no se haya generado un nuevo derecho a prestación por desempleo contributiva. Cuando se autorice a una empresa en virtud de expediente de regulación de empleo o procedimiento concursal a suspender los contratos de trabajo, de forma continuada o no, o a reducir el número de días u horas de trabajo, durante el cual los trabajadores hayan agotado la prestación por desempleo a la que tuvieran derecho, y posteriormente se autorice por resolución administrativa en expediente de regulación de empleo o por resolución judicial en procedimiento concursal la reducción de jornada o suspensión de los contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizaciones que no hayan generado un nuevo derecho a prestación contributiva tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de la anterior suspensión o reducción de jornada con un límite máximo de 90 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la resolución administrativa o judicial que hubiera autorizado esa anterior suspensión o reducción de jornada se haya producido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive. b) Que la resolución administrativa o judicial que autorice la posterior suspensión o reducción de jornada se produzca entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. Eliminación del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo A los desempleados que reúnan los requisitos establecidos no se les exigirá figurar inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de espera de un mes, siempre que las situaciones protegidas por el subsidio por desempleo se produzcan entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. El derecho al subsidio por desempleo nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el hecho causante del subsidio, por agotamiento de la prestación por desempleo, o retorno, o liberación de prisión, o declaración de capacidad o invalidez en grado de incapacidad permanente parcial, o agotamiento del subsidio especial para mayores de 45 años. Para ello será necesario que el subsidio se solicite dentro de los quince días siguientes a las fechas anteriormente señaladas. La solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo en ese mismo plazo si la misma no se hubiera efectuado previamente. Plan extraordinario de mantenimiento y fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad Nueva redacción a algunos artículos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo Ampliación transitoria de las subvenciones por mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo.
Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social durante el año 2010 Cotización al Régimen General de la Seguridad Social Tope máximo de las bases de cotización a la Seguridad Social. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2010, en la cuantía de 3.198,00 euros mensuales. Bases máximas de cotización a la SSl Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2010, serán de 3.198,00 euros mensuales o de 106,60 euros diarios. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases mínima y máxima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2010, los siguientes:
Tipos de cotización al R. E. de T. Autónomos El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por ciento. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento. Cotización en el Régimen Especial de Empleados de Hogar En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar, la base y tipo de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2010, los siguientes:
Cuando el empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, será de su exclusivo cargo el pago de la cuota correspondiente.
Pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008 El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria, cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concurra en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes: a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o b) Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión. Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.
Pensiones contributivas 2010. Cuantías mínimas
Las novedades fiscales de 2010
Leyes distintas de la ley de presupuestos Creación de las SOCIMI (Ley 11/2009, de 26 de octubre). Sociedades cuyo objeto es la inversión en el mercado inmobiliario, fundamentalmente para el arrendamiento de bienes inmuebles, con un régimen fiscal especial centrado en la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del tipo impositivo propio de la renta del ahorro en el IRPF. La misma Ley de las SOCIMI modifica tanto el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, para excluir del concepto de bienes inmuebles determinadas concesiones administrativas, como el artículo 46 de la Ley del IRPF, para permitir que tributen como renta del ahorro los intereses de la financiación prestada por los socios personas físicas a una sociedad, si esa financiación no excede de tres veces los fondos propios de la entidad, en la parte que corresponda a la participación de cada socio. La Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, amplia la exención de las indemnizaciones laborales derivadas de expedientes de regulación de empleo, hasta las cantidades que hubieran correspondido en el caso de tratarse de un despido declarado improcedente. Ley de presupuestos para 2010 Novedades en el IRPF. Se suprime parcialmente, para 2010, la deducción de 400 euros, la cual se elimina para contribuyentes con rentas superiores a 12.000 euros anuales. Se eleva la tributación de las rentas del ahorro, al 19%, con carácter general, y al 21%, para el tramo de esta base liquidable que exceda ya de 6.000 euros. Por último, se introduce, ya en 2009 y hasta el 2011, una reducción del 20% del rendimiento neto de las actividades económicas, cuando la cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media inferior a 25 empleados, si se mantiene o crea empleo en los términos previstos en la ley. Paralelamente, se modifican los tipos aplicables, en 2009, 2010 y 2011, en el Impuesto sobre Sociedades, en el caso de entidades con cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y menos de 25 trabajadores. Los tipos de las empresas de reducida dimensión serán en este caso, el 20 por 100, hasta 120.202,41 euros, y el 25 por 100, para el resto de la base liquidable, siempre que mantenga o cree empleo. Se dispone la elevación, desde el 1 de julio de 2010, del tipo general del IVA, al 18%, y del tipo reducido, al 8%, siendo ésta sin duda la medida de mayor calado recaudatorio entre las novedades fiscales que estamos enumerando. Se modifica el régimen de los trabajadores desplazados a territorio español, de manera que este régimen, que les permite tributar como no residentes, deja de ser aplicable si la retribución previsible excede de 600.000 euros. La reforma no afecta a los trabajadores desplazados a España con anterioridad al 1 de enero de 2010. Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible El anteproyecto recoge pocas novedades fiscales de relevancia.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha establecido que el interés legal del dinero será del 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2010. Asímismo, durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 5 por ciento. |
