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Archivo
El
Gobierno
aumentará
los
incentivos
para
evitar
que
los
mayores
sean
despedidos
Gobierno, empresarios y sindicatos se encuentran estudiando un paquete de medidas para frenar las jubilaciones anticipadas y evitar la expulsión de los trabajadores mayores del mercado laboral, según confirmó recientemente el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, tras la clausura de unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales organizadas por las organizaciones de autónomos ATA y UPA-UGT. El objetivo es que el sistema "funcione muy bien", pero el problema es que "están aumentando los trabajadores que se jubilan anticipadamente" y para evitarlo se debe "ofrecer algún tipo de incentivo a ese casi 70% de trabajadores del Régimen General que se han jubilado en 2004 antes de los 65 años para que puedan prolongar su vida laboral, pero en condiciones que resulten atractivas". En este sentido, Granado concretó que en el marco del diálogo social "estamos preparando un conjunto de medidas". Una de las medidas -explicó- será aumentar la bonificación a la prolongación de la vida laboral, una iniciativa desarrollada en el acuerdo de abril de 2001 que, según Granado, costará en 2005 un total de 450 millones de euros, frente a los 125 millones que ha supuesto en el presente año. Por otro lado, Granado se refirió a la enmienda socialista que se introducirá en la futura Ley Presupuestaria para rebajar del 3 al 1,5% el recargo de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos mayores de 45 años que nunca han cotizado de aquellos de más de 50 años que hayan cotizado menos de cinco años en cualquier régimen de la Seguridad Social. Otra de las medidas referidas a los autónomos mayores de 50 años prevé la posibilidad de que su cotización suba según la inflación con el fin de que puedan obtener una mayor pensión. Un acuerdo para la protección
Queda
pendiente
para
2005
la
elaboración
del
Estatuto
del
Autónomo.
Los jóvenes, mujeres y familiares de autónomos se beneficiarán de medidas incorporadas a los PGE
La bonificación de cuotas va a permitir a jóvenes y mujeres beneficiarse de una reducción de costes al constituirse como autónomo, estimado en 51 euros al mes, aproximadamente, con independencia de la base de cotización que escoja, entre un mínimo y un máximo, sin perder prestaciones sociales. Con ello se corrige una actuación aprobada en 2003 que suponía la posibilidad de reducir costes, pero al tiempo reducía el nivel de prestaciones sociales de los jóvenes y mujeres autónomas. NO DISCRIMINACIÓN EN LOS CONTRATOS A FAMILIARES Otra de las medidas acordadas es la que permitirá a los autónomos sin asalariados beneficiarse de las medidas de fomento a la contratación estable cuando ésta se realice con familiares que no convivan con el titular del negocio. En este caso tendrán acceso a todas las bonificaciones de cuotas, excepto para contratos de familiares mayores de 45 años, y siempre que la contratación afecte a un solo familiar por autónomo.
La
no
discriminación
en
la
contratación
de
familiares
por
los
autónomos
con
respecto
a
la
contratación
de
asalariados,
va
a
permitir
regularizar
situaciones
de
economía
sumergida
que
se
daban
por
la
colaboración
en
la
actividad
económica
de
los
autónomos
con
sus
familiares,
al
tiempo
que
establece
ciertas
limitaciones
para
que
esta
medida
no
sea
utilizada
de
manera
abusiva.
Objetivo:
recortar
impuestos
En estas semanas que faltan antes de que acabe el año puede tomar medidas para intentar ajustar sus cuentas con Hacienda: elegir bien qué productos vender o la cantidad que debe aportar a su plan de pensiones llega a traducirse en un ahorro sustancioso. Seguir uno solo de estos consejos puede reducir sus impuestos en más de 1.500 euros. Aquí le damos varias líneas generales que le serán útiles no sólo para reducir sus impuestos del año 2004, sino también para tener siempre una fiscalidad más interesante. Antes de nada, le recordamos que 2004 es el último año en que puede compensar las pérdidas del año 2000. Si la base liquidable general de ese año fue negativa, este año tiene la última oportunidad de usarla para compensar una base positiva. A estas alturas, ¿puedo hacer algo? Pues sí. Y no poco: siguiendo nuestros consejos puede llegar a ahorrarse cientos de euros.
Puede pensarse que el concurso está concebido principalmente con finalidad "conservativa", de forma que la ordenación del procedimiento favorezca soluciones que no impliquen la liquidación del patrimonio del deudor. Sin embargo, no es ésta la auténtica finalidad del concurso, sino tan sólo un medio adecuado para conseguir el verdadero objetivo del nuevo sistema. El legislador ha optado por la defensa del crédito de los acreedores. La mejor manera de asegurar que los acreedores cobren es evitar la liquidación del patrimonio del deudor. Pero no nos engañemos, el nuevo concurso no tiene una finalidad "sanatoria", no busca salvar empresas. Es fácil advertir en el nuevo concurso muchos rasgos tomados del procedimiento de suspensión de pagos. Baste señalar el notable protagonismo que se reconoce al deudor. A nuestro modo de ver, es posible que el nuevo sistema haya ido demasiado lejos en este sentido, lo que queda patente, por ejemplo, en los términos excesivamente amplios o imprecisos en los que se ha introducido la posibilidad de declaración de concurso a instancias del acreedor en supuestos de insolvencia inminente. Hablando de presupuestos objetivos del concurso, nos permitimos indicar lo que podría ser un desajuste o imprecisión técnica en la que parece incurrir el apartado 4 de la Disposición Final vigésima de la Ley Concursal, que modifica parcialmente el apartado 2 del art. 262 de la Ley de Sociedades Anónimas. Advertimos aquí una cierta confusión entre dos conceptos distintos de insolvencia: de una parte, la insolvencia entendida como incapacidad de atender regularmente las obligaciones de pago (es éste el concepto que adopta la nueva Ley concursal), y de otra parte, la insolvencia como "desbalance" o déficit del activo respecto al pasivo exigible. Existe cierta inquietud en cuanto a los efectos que puede tener sobre las políticas de riesgo de las entidades financieras la limitación o paralización temporal de ejecuciones impuesta a los acreedores con privilegio especial sobre bienes afectos a actividades empresariales o profesionales. Se teme que una medida que busca favorecer la continuación de las actividades productivas en situaciones de crisis pueda encarecer o dificultar el acceso al crédito por parte de empresarios o profesionales. La situación en la que ha quedado el crédito salarial puede considerarse satisfactoria, especialmente si se compara con el tratamiento dispensado a los trabajadores en las versiones iniciales de la reforma. Es claro que la nueva Ley Concursal privilegia abiertamente las situaciones de convenio. Por eso, parece una contradicción difícilmente explicable el régimen tan amplio de prohibiciones al que se sujeta la posibilidad de que el deudor presente propuesta anticipada de convenio. Se ha censurado el ánimo de condicionar y "moralizar" el contenido del convenio. Lo cierto es que parece que se ha limitado en exceso la autonomía de las partes para concluir un convenio. Siguiendo las directrices dominantes en todo el Derecho occidental, el sistema incluye destacados mecanismos de refuerzo y objetivación de la responsabilidad en la que pueden incurrir administradores, directivos, liquidadores y administradores concursales. Subrayamos, por su especial dureza, la posibilidad de que, en los casos de concurso culpable, el juez condene a los administradores y liquidadores de la empresa quebrada (incluyendo a los que lo hayan sido sólo "de hecho", así como a los que hayan ostentado dichos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso) a satisfacer a los acreedores, total o parcialmente, la parte de sus créditos que no perciban con la liquidación del activo del deudor.
Nos
encontramos
ante
una
reforma
mejorable,
pero
que
seguramente
es
también
la
mejor
reforma
posible,
que
tal
vez
permita
que
las
leyes
concursales
españolas
cumplan
la
función
que
corresponde
al
Derecho
de
quiebras
en
nuestro
sistema
económico.
Más de 300.000 extranjeros renuevan por silencio administrativo
Recordemos que esta Ley establece que las solicitudes de prórroga del permiso de residencia, así como también las renovaciones del permiso de trabajo que se formulen por los interesados, se deben resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo, en el caso de que la Administración no haya dado una respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas. La provincia española con más renovaciones según esta disposición, es Barcelona con 90.554, seguida de Murcia (58.888), Madrid (27.039) y Baleares (21.017).
El
pasado
verano,
el
Gobierno
impulsó
un
plan
especial
para
reducir
los
retrasos
en
la
tramitación
de
permisos
de
renovación
de
residencia
y
trabajo,
lo
que
suscitó
la
denuncia
del
Partido
Popular
de
que
se
estaban
otorgando
renovaciones
por
el
sistema
del
silencio
administrativo
a
inmigrantes
que
ya
no
cumplían
los
requisitos
establecidos
para
residir
de
manera
legal
en
España.
Diferente
plus
de
vinculación
establecido
en
convenios
En
opinión
del
tribunal,
es
reprochable,
desde
el
punto
de
vista
del
derecho
de
igualdad
establecido
en
el
mencionado
artículo
14,
que
a
efectos
retributivos
se
establezca
una
valoración
de
la
antigüedad
para
el
futuro
de
modo
distinto
para
dos
colectivos
de
trabajadores
en
función
de
que
hayan
ingresado
en
la
empresa
antes
o
después
de
determinada
fecha.
Pero
también
se
afirma
que
en
los
convenios,
aunque
han
de
respetarse
las
exigencias
indeclinables
de
los
principios
de
igualdad
y
no
discriminación,
aquellas
exigencias
no
han
de
tener
el
mismo
alcance
que
en
otros
contextos.
Buenos
indicadores
Con respecto a octubre del pasado año el descenso es de 17.963 personas . El incremento medio en los meses de octubre de los últimos veinte años se sitúa en 46.023 desempleados
Al
mismo
tiempo
aumenta
el
número
medio
de
afiliados
a
la
Seguridad
Social,
que
alcanzó
en
octubre
los
17.300.333
ocupados.
El
31
de
octubre,
el
número
de
afiliados
se
situó
en
17.264.424
ocupados,
que
suponen
un
aumento
de
120.674
sobre
los
registrados
el
30
de
septiembre.
El borrador de IRPF llegará al 60% de los contribuyentes en la próxima campaña de renta La Agencia Tributaria enviará el año que viene el borrador de declaración o, en su defecto, los datos fiscales al 60% de los contribuyentes del IRPF, según las previsiones recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2005. Este porcentaje supera al de la última campaña de renta, cuando el 52% de los contribuyentes se beneficiaron de este servicio. Hacienda pretende precisar aún más el perfil de los contribuyentes que pueden utilizar el borrador, "corrigiendo las desviaciones constatadas" en el primer ejercicio de implantación, y fomentará la solicitud mediante una opción en la declaración del 2004 y lo enviará a quienes lo confirmaron el año pasado.
En
el
2005,
mejorará
los
servicios
de
información
y
asistencia
al
contribuyente,
potenciará
el
uso
de
las
nuevas
tecnologías
y
tratará
de
agilizar
la
prevención.
¿Por
qué
las
empresas
españolas
no
invierten
en
I+D+i?
De hecho una adecuada planificación fiscal de la actividad de I+D+i puede permitir a la empresa recuperar de manera inmediata un mínimo del 65% y un máximo de hasta el 105% de los gastos en los que haya incurrido para la realización de actividades de I+D.
Pese
a
ello,
los
gastos
en
I+D
apenas
representaron
en
el
año
2002
un
1,03%
del
PIB.
Este
escaso
desarrollo
de
la
actividad
de
I+D+i
se
justifica
posiblemente
por
múltiples
factores,
los
más
importantes
de
índole
estructural
y
cultural.
No
obstante,
hay
que
tener
en
cuenta
que
la
aplicación
práctica
de
los
incentivos
fiscales
queda
en
muchas
ocasiones
dificultada
por
la
indefinición
de
la
normativa
que
los
regula
y
por
la
interpretación
restrictiva
realizada
por
la
administración
tributaria.
SE
REGRESARIA
A
LA
SITUACION
ANTERIOR
A
2001
Todo parecía aclarado, pero ha vuelto a plantearse el tema en la negociación colectiva que ahora protagonizan el Gobierno, la Patronal y los sindicatos y es posible que se pacte una nueva reforma y que otra vez los convenios puedan establecer una edad obligatoria de jubilación. No es ésta una cuestión menor a la hora de planificar la política laboral de una empresa, ya que es necesario saber si, como ha sido tradicional, se podrá o no rejuvenecer la plantilla mediante prejubilaciones forzosas o, por el contrario, es más conveniente prolongar la vida laboral de los trabajadores y aprovechar así su formación y experiencia. Es necesario recordar que cuando un convenio colectivo contemplaba la jubilación forzosa y anticipada, la empresa se comprometía a pagar pluses a los trabajadores. Además, esta cuestión no sólo es importante para las empresas sino que puede ser determinante para el equilibrio financiero del sistema público de pensiones. La controversia comenzó cuando en 1995 se reformó el Estatuto de los Trabajadores añadiendo una Disposición Adicional Décima que decía que "la capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación", y que "en la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos". Sin embargo, la reforma laboral de marzo de 2001 derogó esta disposición pero no dejó del todo claro si los convenios podrían seguir fijando jubilaciones forzosas. De hecho, muchos convenios seguían haciéndolo hasta que llegó la famosa sentencia del 9 de marzo de este año del Tribunal Supremo que consideró no ajustado a derecho que los convenios colectivos acordados entre empresarios y sindicatos obliguen a los trabajadores a jubilarse a una determinada edad. En consecuencia, el fallo declaró nulas todas las cláusulas que en este sentido se pactaron en los convenios después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley de Reforma Laboral de 2001 (BOE nº 54 del 3 de marzo). El Supremo argumentó que "han desaparecido las causas que justificaron la autorización a los convenios de que pudieran limitar la edad de jubilación", y que, por el contrario, se ha alcanzado "un rotundo cambio de la política social y económica" tendente a prolongar la vida laboral de los trabajadores "que libremente lo deseen". Además, el fallo esgrime la directiva comunitaria de 2000 sobre apoyo a los trabajadores de más edad, en la que emplaza a los países miembros a que declaren "nulas o inválidas todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los contratos o convenios colectivos". A
raíz
de
la
sentencia,
muchos
trabajadores
que
se
sintieron
discriminados
por
un
convenio
que
les
obligaba
a
jubilarse
antes
de
los
65
años
presentaron
demanda
judicial
que,
en
caso
de
fallo
favorable
para
el
trabajador,
obligaría
a
la
empresa
a
readmitirlos.
Algunos
expertos
opinan
que
la
reforma
actualmente
en
negociación,
que
supondría
volver
a
la
situación
anterior
a
2001,
añade
una
dosis
de
incertidumbre
en
las
relaciones
laborales.
Obligaciones
para
los
que
contraten
"sin
papeles"
Los trabajadores inmigrantes irregulares (cerca de un millón en España) que presenten una denuncia y demuestren una relación laboral de al menos un año podrán legalizar su situación. Esta fórmula, que fue denominada por el Ministro de Trabajo como "arraigo laboral" será el sistema general a partir de la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Extranjería. Aunque ésta sea una regla general, también se ha previsto dar un breve período de tiempo para que los empresarios puedan dar de alta a los trabajadores ilegales sin ser sancionados, ya que según el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera, "no estaría bien que se penalice a las personas que de buena fe emplearon a irregulares por un hecho que no les es imputable". Sólo los empresarios podrán participar en este proceso. Cuando presenten la documentación de los extranjeros se concederá una autorización de residencia y trabajo por un año condicionada a que se materialice el contrato con el alta en la Seguridad Social, pero si pasa un mes sin registrarse el alta, el inmigrante será expulsado. Arraigo Dejando
a
un
lado
la
excepción,
una
vez
entre
en
vigor
el
Reglamento,
un
mes
después
de
su
publicación
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado,
los
empresarios
podrán
ser
denunciados
por
sus
empleados
ilegales,
lo
que
les
obligará
a
hacer
frente
con
carácter
retroactivo
a
todas
sus
obligaciones
y
además
recibirá
la
correspondiente
multa,
aunque
esa
sanción
se
suspenderá
si
se
liquidan
las
deudas
con
el
trabajador
y
con
los
organismos
públicos
y
se
mantiene
la
relación
laboral
con
el
trabajador
por
lo
menos
durante
un
año.
Formación continua: Ayudas económicas a las empresas
A través del RD 1046/2003, de 1 de agosto y la Orden TAS/500/2004 de 13 de febrero, se ha regulado el nuevo modelo de gestión de la formación continua que se deberá aplicar, a partir del presente año, en las acciones formativas de las empresas que pretendan mejorar la formación de sus trabajadores. El modelo actual es más sencillo de gestionar que el anterior, y dispone de mayor agilidad y flexibilidad para empresas y trabajadores que accedan a la formación.
Las empresas podrán organizar y gestionar directamente el programa de formación de sus trabajadores, o podrán contratarlo con un centro o institución especializada. También las empresas podrán agruparse formalmente para gestionar de manera conjunta su formación continua. ¿Qué empresas se pueden beneficiar? Todas las que tengan centros de trabajo en el territorio español, que desarrollen directamente o a través de alguna entidad externa planes de formación profesional. Actualmente, la cotización por formación profesional es el 0,70% --el 0,60% a cargo de la empresa y el 0,10% a cargo del trabajador-- de la base de contingencias profesionales. ¿Qué trabajadores se pueden beneficiar?
Ayudas para formar a los trabajadores El crédito de formación continua que podrán deducirse estará en función del tamaño de las empresas. Para el año 2004, los porcentajes de bonificación máxima aplicables a la cantidad ingresada por la empresa en el año anterior, en concepto de cuota de formación |
